Según informaba Diario “El Mercurio”, el domingo 16 de enero, desde comienzos de 2025 fueron asesinados en el país 60 niños, de los cuales 8 lo fueron en la semana comprendida entre el 9 y 15 de febrero; una cifra que forma parte de las más de 1.100 personas que, según las propias cifras oficiales, han sido asesinadas desde el 1 de enero hasta la fecha. Si el nivel de asesinatos sigue a este ritmo, 2025 podría terminar como el año más violento de la historia nacional, con más de 9.000 asesinatos; esto es, con una tasa de más de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo. Recordemos que ya 2024 Ecuador finalizó con cerca de 7 mil asesinatos.
A esta terrible situación hay que añadir el incremento inusitado de las extorsiones (o “vacunas”) y de los secuestros; así como del narcotráfico, los robos y otras formas de delincuencia común.
Lamentablemente no se ha cumplido la promesa gubernamental de reducir la inseguridad con el aumento del IVA al 15% (aumento con el cual incluso se ofreció “eliminar las extorsiones”), con el apoyo obtenido a las preguntas sobre seguridad en la consulta popular de abril de 2024, con la declaratoria de “conflicto armado interno”, con las reiteradas declaratorias de “estado de excepción” y la presencia militar en las calles, etc. Más bien, hace pocos días, se nombró como Ministro del Interior a un alto oficial de la policía, acusado de “narco general” y de haber tenido supuestos vínculos con alias “Fito”.
Se trata de un agravamiento de la de violencia e inseguridad que, además, develaría el fracaso del tan publicitado “Plan Fénix”, partiendo del supuesto de que dicho Plan realmente existió. Por esto mismo, en los últimos días el Gobierno de Noboa ha anunciado que va a solicitar la intervención de militares de países “aliados”, en territorio ecuatoriano, para combatir la delincuencia e inseguridad; situación que, a su vez, pondría en entredicho la capacidad de nuestra propia Fuerza Pública (Policía y FF.AA.) para combatir la violencia delictiva.
Sin embargo, en realidad lo que parece estar en entredicho es la capacidad del propio Gobierno para estructurar y ejecutar una adecuada política de seguridad, con una visión integral, recursos suficientes y efectividad. (O)
