La cantidad inusitada de binomios para la presidencia de la República es de estudio continuo porque evidencia la permisividad legal de participar electoralmente sin otros condicionamientos que los establecidos por la Constitución y el Código de la democracia. En efecto en el tema de los derechos de participación, artículos 61 al 65 (ConsE) encontramos que los ecuatorianos pueden elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público…conformar partidos y movimientos políticos, y más temas que exigen precisión y transparencia jurídica, pertinentes al interés superior del bien común.
Pero, en las elecciones últimas, se observó la carencia de vertebración conceptual de la mayoría de candidatos, demagogia extrema y desmedida ambición, con un costo a cargo del estado, y al punto de asumir actitudes liberadoras de toda responsabilidad, como la de una candidatura que olvidó de propósito la tendencia absolutista con violación de los derechos humanos y perversamente corrupta, como fue la gestión ejecutada en diez años, 2007-2017; cuyo evidente empeño fue silenciar la oposición y, obvio, toda posibilidad de autocrítica regeneradora; claro que es pedir algo imposible a quienes no se atreven a decir que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura contumaz.
En el cuadro electoral de la democracia ecuatoriana reclamamos por lo que la historia nos exige: claridad de ideales, sean de la derecha, izquierda o centro, que siempre deben estar presentes con la coherencia de valores y principios esenciales para guiar la política como gestora del bienestar y desarrollo integral de la sociedad, punto de vista en la óptica de un real progresismo, que hoy en día se desvirtúa mediante una retorcida argumentación que soslaya la corrupción y decadencia de la calidad cultural de la vida humana desde el mismo ejercicio del poder público afectando gravemente la institucionalidad del estado y en consecuencia las relaciones sociales.
Éste el punto a superar. (O)
