El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitirá «pronto» una resolución sobre el uso de celulares en el interior de los recintos de votación, después de que el Gobierno solicitara la prohibición de votar con estos dispositivos en la mano y tras denunciar -sin pruebas- que grupos criminales pedían a electores votar a favor de la candidata correísta Luisa González y demostrarlo con una fotografía de su papeleta de votación.
Así lo anunció este viernes el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, tras una reunión con las autoridades del Bloque de Seguridad -que conforman la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Defensa– con la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
En el encuentro también participó el nuevo ministro de Interior, Jonh Reimberg, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, y el jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
Según confirmó Loffredo, en la reunión se trataron diferentes temas como la «seguridad en el proceso electoral y específicamente el tema del uso del celular (teléfono móvil)» con el objetivo de que la ciudadanía no «pueda ser víctima de sicariato (asesinato por encargo) producto de la extorsión a la hora de votar».
«Estamos girando en torno a que el celular no pueda ser usado dentro de la junta de receptoras de voto y próximamente el CNE va a salir con una resolución al respecto», explicó el titular de Defensa.
Loffredo recordó «el derecho al voto secreto, libre y voluntario de todos los ecuatorianos» y expresó su satisfacción a cerca del encuentro, el cual califico de «muy fructífero».
Por su parte, Reimberg confirmó que desde los distintos cuerpos de seguridad se brindó al CNE la información necesaria para que pueda «tomar las mejores decisiones».
Pedido
La pasada semana, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó públicamente su deseo de que para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentará a Luisa González, se prohíba que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio con el teléfono en mano.
Según expuso Noboa, sin aportar prueba alguna, durante la primera vuelta electoral y en varias zonas del país, se obligó presuntamente a los ciudadanos -mediante amenazas- a votar por González y se pidió fotografías de sus papeletas de votación como prueba.
En réplica, González señaló que sus votantes «no son ni ‘narcos’ ni delincuentes».
Los dos candidatos culparon al CNE de presuntas irregularidades en el desarrollo de la votación y del posterior escrutinio, lo que no fue tenido en cuenta por las principales misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que definieron los comicios como transparentes y sin irregularidades que lleven a pensar en un fraude.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su «guerra» declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera mujer presidenta de Ecuador.
