“El voto es secreto”. Esta frase, además de constar en el Código de la Democracia, luce escrita en los biombos tras los cuales los electores expresan su voluntad.
Pero, ¿cuán secreto resulta si, como anotan varios analistas en materia electoral, cuando un candidato sufraga exhibe el suyo, indudablemente para la foto, y, de forma subliminal, hace campaña; o, en las redes sociales se dan modos para divulgarlos; o se inventan otros para, precisamente, romper el secretismo?
En estos tiempos electorales aparece otra maniobra, preocupante, riesgosa hasta nomás. ¿Cuál? La coacción.
La alerta la dio, semanas atrás, el ministro de Gobierno, José De la Gasca. Según él, en ciertos sectores de varias provincias de la Costa, grupos de delincuencia organizada habrían coaccionado a los electores a fotografiar de su voto en la primera vuelta. Se supone, con amenazas de por medio.
Seguramente, ellos exigieron por quiénes los coaccionados debían votar, conminándolos a demostrarles.
No por provenir de aquel alto funcionario del Gobierno de Daniel Noboa, candidato a la reelección, y entenderse como parte interesada, la denuncia debe pasar desapercibida.
Hasta el momento el CNE no ha respondido a la petición de De la Gasca: en el balotaje, prohibir al votante llevar su celular hasta el biombo para impedirle fotografiar su sufragio.
Aquel es el único organismo encargado de garantizar el secretismo del voto y, aunque le parezca superfluo, es su obligación analizar la propuesta, apoyada, además, por otros sectores políticos y personas versadas en materia electoral.
Resultaría extremadamente peligroso, incluso para la democracia, si los grupos criminales han llegado a semejantes extremos. Pero nada raro sería, sabiendo cuáles son sus objetivos perversos.
Empero, el CNE, ante denuncias o exigencias encaminadas a, por ejemplo, permitir la auditoría de su sistema informático, suele mirar a otro lado. Ahora, ¿ocurrirá algo similar?
