La Unidad de Servicios Renales del Austro (Unireas) exige el pago de alrededor de 1,6 millones de dólares por los servicios que presta a quienes necesitan hemodiálisis y diálisis peritoneal, un tratamiento vital para quienes han perdido la función renal.
Actualmente, 250 personas reciben tratamiento en esta unidad, la mayoría afiliados al seguro social y otros derivados desde la red pública de salud. Entre ellos, niños, adultos y adultos mayores.
El tratamiento de diálisis, que debe realizarse tres veces por semana sin interrupciones, requiere equipos especializados, insumos médicos, medicamentos y un equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales.
Con corte a enero de 2025, la deuda con Unireas ascendía a 1,6 millones de dólares, cifra que incrementa con la acumulación de pagos de febrero. En la deuda del Ministerio de Salud se incluyen glosas desde el año 2023.
Augusto Vázquez, médico fundador de la unidad, indicó que la burocracia retarda los desembolsos oportunos.
«Hemos visto pasar cinco ministros de salud y varios de finanzas y cada cambio debemos empezar de cero con los trámites (…)», enfatizó el médico.
«No podemos esperar más. La diálisis no es solo la máquina, tenemos que cubrir sueldos, servicios básicos, medicamentos e insumos y ya no podemos pagar a los proveedores».
Proceso
El proceso de pago atraviesa varias instancias: luego de prestar el servicio, Unireas envía la información a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud, que revisa y genera el Comprobante Único de Registro (CUR) de pagos. Este documento se remite al Ministerio de Finanzas para la gestión de cancelación. Sin embargo, hay facturas represadas desde noviembre.
Los pacientes renales exigen al Gobierno Nacional el pago inmediato de la deuda a las dializadoras, que prestan servicios al sistema de salud pública.
Según el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes, 19.073 personas en el país dependen de estos tratamientos.
Para los pacientes, la diálisis es una cuestión de vida o muerte. Quienes reciben hemodiálisis deben someterse al procedimiento tres veces por semana, sin excepciones. Cada sesión dura unas cuatro horas.
La diálisis peritoneal es otra opción. Si el paciente es apto, puede realizar el procedimiento en su domicilio tras recibir la capacitación adecuada.
Existen dos modalidades: la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y la diálisis peritoneal automatizada (DPA).
«Si las unidades de diálisis no reciben sus pagos, corremos el riesgo de morir. Las máquinas son nuestra vida. Solo pedimos al Gobierno que cumpla con su palabra«, expresó un paciente.
Unireas ha recurrido a créditos con la banca privada para dar continuidad a la atención de pacientes que asisten de forma semanal o mensual de acuerdo con el tipo de procedimiento.
Vásquez hizo un llamado a ministro y autoridades para que cumplan con los pagos de forma inmediata.
La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública informó que ha realizado pagos a las dializadoras del país por alrededor de 4 millones de dólares, entre enero y febrero.
“Solo en febrero, se han pagado a 37 centros especializados, asegurando la atención ininterrumpida para los pacientes que dependen de este tratamiento vital”, señaló en un comunicado.
El exministro de Salud, Antonio Naranjo, admitió semana atrás en declaraciones a la prensa, que el 90 % de pacientes renales reciben diálisis en clínicas complementarias de la red de atención pública, es decir, instituciones privadas que prestan su servicio al Estado y reciben un pago por éste.
Costos de las diálisis
El costo de la hemodiálisis asciende a 1.456 dólares mensuales, incluye sesiones tres veces por semana, medicación, asistencia nutricional, psicológica y social en la Unidad de Servicios Renales del Austro, es decir, es un servicio integral.
La diálisis peritoneal automatizada tiene un costo de 1.300 dólares al mes y se realiza en el domicilio del paciente con una máquina portátil.
La diálisis peritoneal manual bordea los 1.190 dólares mensuales y se la hace mediante el uso de soluciones especiales administradas en casa.
Estos costos representan una carga económica para los centros de diálisis, que dependen de los pagos estatales para seguir operando.
La Constitución garantiza el derecho a la salud y atención gratuita para pacientes con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. (I)
14
meses adeuda el Gobierno Nacional a las dializadoras del país, lo que provoca escasez de insumos esenciales y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.
19.073
personas en todo el territorio nacional dependen de los tratamientos de diálisis, según las cifras que constan en el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes.
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