El gobierno de Daniel Noboa extendió por un mes más el estado de excepción en varias provincias del país, incluido el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, el 4 de marzo de 2025.
La medida busca continuar con la lucha contra la creciente ola de violencia, que ha afectado gravemente la seguridad en diversas regiones del país.
El estado de excepción, renovado por treinta días, incluye las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Ponce Enríquez.
La medida establece restricciones a varios derechos, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, con el fin de intentar frenar el aumento de la criminalidad.
Aumento de la violencia en 2025
En los primeros meses de 2025, Ecuador ha experimentado un repunte alarmante de violencia, con 781 homicidios registrados en enero, el número más alto en los últimos años.
Las muertes violentas han aumentado considerablemente en comparación con los años anteriores, lo que refleja la creciente influencia de las bandas criminales y el narcotráfico en el país.
Como parte de la respuesta a la creciente violencia, las Fuerzas Armadas han sido movilizadas para intervenir en diversas provincias y municipios.
También se ha intensificado la militarización de las cárceles, que siguen siendo puntos críticos de control para grupos criminales que operan en todo el país.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, las estadísticas de homicidios continúan mostrando un aumento en los índices de violencia.
El panorama político y social
En un contexto electoral, con las elecciones presidenciales programadas para abril de 2025, la situación de inseguridad continúa siendo un desafío central para el país.
A medida que se acercan los comicios, la situación de violencia y la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno serán temas clave en el debate político, ya que la ciudadanía sigue preocupada por la falta de resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad.
