No hace falta ser un experto petrolero para entender que cuatro menos dos es dos. Tampoco para saber que, cuando el río suena, piedras trae. La sabiduría popular suele ser más que suficiente para comprender que los anuncios hechos entre gallos y medianoche —o en la víspera de un feriado largo— suelen ser intentos gubernamentales de minimizar el escrutinio público. En estos casos, la transparencia se convierte en una deuda y obliga tanto a la oposición política como a los medios de comunicación serios a reaccionar con preocupación.
Las alertas sobre la adjudicación del Campo Sacha comenzaron a sonar en noviembre pasado pero se activaron de forma más fuerte y frecuente a inicios de la semana pasada. Distintas voces advirtieron sobre la opacidad del proceso, pero el gobierno concretó la adjudicación justo antes del feriado de Carnaval. La presión social fue tal que, en una jugada poco común, el Ejecutivo se vio forzado a dar explicaciones en pleno lunes de descanso. Una rueda de prensa que, al parecer, fue incompleta dadas las interrogantes que surgieron partir de datos de la empresa adjudicada que generaron sospecha de vinculación incluso con familiares del mandatario.
La gestión de la incertidumbre exige claridad. Cuando las decisiones gubernamentales se toman con transparencia, con información detallada y accesible, no hay espacio para interpretaciones erróneas. Sin embargo, cuando son las mismas autoridades las que siembran dudas con sus acciones, es lógico que la ciudadanía exija respuestas.
Por ejemplo: más de veinte directivos de Petroecuador se negaron a firmar documentos clave para este proceso. A la víspera de la entrega de informes financieros, el ministro de Finanzas presentó su renuncia. Se ha dicho que el Ecuador tendrá una participación prácticamente marginal en la explotación del campo, la inversión extranjera no está claramente especificada y las grandes empresas adjudicadas, como Sinopec, no han emitido pronunciamiento. ¿No son estas razones suficientes para exigir mayor claridad? Ante la incertidumbre, el gobierno debía ofrecer información veraz y detallada, pero ha decidido apostar por la distracción, confiando en que el tiempo diluya la polémica. A su vez, parece estar confiado en que desde terceras vocerías, más bien periodísticas que técnicas, se intenten hacer aclaraciones, pero la gestión de la incertidumbre no se logra repitiendo comunicados. Se necesita una voz autorizada que brinde respuestas concretas y verificables. Hoy, esa voz solo puede provenir de los firmantes del contrato. Y mientras esa rendición de cuentas no llegue, el río seguirá sonando. (O)
@avilanieto
