Para hacer justicia en este país se necesita desagregar el componente político de cada investigación, proceso, o sentencia. El caso Purga detonó en órdenes de encarcelamiento, entre otros, para Pablo Muentes (exlegislador socialcristiano), Fabiola Gallardo (ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas) y Johhan Mafertán (juez) por 13 años 4 meses al ser condenados como «culpables y autores directos por haber ejercido el mando, la dirección y la planificación de la organización criminal» pues ellos dirigieron y ejecutaron un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas. La vinculación política del PSC en este caso es notoria, ya que Muentes se presume fue uno de los “pesados” en las decisiones del partido, considerado como la mano derecha de Nebot, quién no ha dicho ni pío sobre la sentencia de su coideario.
Igual ocurre con Aquiles Alvarez alcalde de Guayaquil, próximo a ser vinculado por la fiscalía general del Estado institución autónoma que dirige la investigación preprocesal y procesal penal en el caso “triple A” por presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleos o biocombustible. Alvarez, aprovechando su íntimo lazo con la RC, amenazó sin en el menor rubor diciendo: “[…] el Fiscal, al que se lo va a perseguir legalmente (…) debería pensarlo cien veces […]” demostrando su carácter pendenciero y prepotente, al creer sentirse perseguido, y pretender estar sobre la ley. No se pudo realizar la audiencia porque el abogado defensor, como ya es costumbre en el día a día de la justicia, presentó un certificado médico por tener hemorroides, difiriendo esta acción al menos por 10 días más.
El burgomaestre también trató de pandilleros a los comisarios del Arcsa que clausuraron un local de pizzas de propiedad de su familia, al parecer por encontrar cucarachas, procedimiento normal ejecutado por esta entidad en varios locales de comida en el país como una medida rutinaria, muy mal vista por algunos empresarios a quienes no les da la gana de aceptar ser controlados. Al final de la tarde del jueves pasado, trascendió que por orden de Álvarez clausuraron una cartonera del Guasmo Sur en donde se elaboraban muñecos de cartón de Noboa. Es decir, Aquiles contragolpeó. Si no hay permisos de funcionamiento en orden en cualquier empresa de Guayaquil, debería procederse con las sanciones, pero demostrando que no son actos de venganza.
Los políticos acusados de presuntos delitos deberían permitir que las causas se desarrollen con eficiencia y eficacia. Los artilugios, el abuso de la justicia, el diferimiento de audiencias, los cambios a última hora de abogados impiden el flujo normal de los procesos. El jueves pasado también se aplazó nuevamente la audiencia por el caso “Reconstrucción de Manabí” por ausencia de la defensa de Glas. De una vez por todas el Consejo de la Judicatura debería abrir los sumarios correspondientes y sancionar a jueces liberadores de delincuentes y a abogados que se han reído a carcajadas de la justicia. (O)
