La delegación a un consorcio privado del campo petrolero Sacha, el más productivo del país, es motivo de críticas, en las cuales prevalecen la desinformación, la animosidad política, y, cuando no, la reacción furibunda de quienes, cuando gobernaron, adjudicaron otros dos campos. Según denuncias hechas en la época, debidamente sustentadas, lo hicieron en condiciones lesivas a los intereses nacionales.
La desmemoria colectiva les viene bien a ciertos grupos políticos, cuando, en su momento, callaron ante tales denuncias, excepto Fernando Villavicencio, acribillado años después; igual algunos medios de comunicación digitales, cuyas investigaciones nunca fueron desmentidas. Estas, durante el gobierno de Lenin Moreno, sirvieron para renegociar aquellos contratos lesivos.
Al actual se le ocurre llevar adelante un proceso, sobre todo cerrar la negociación con el consorcio Sinopetrol, de manera directa y sin concurso, apenas invitando, sin éxito, a participar a las empresas petroleras, en épocas pre electorales y querer suscribirlo a las puertas del balotaje.
No se trata, dice el Régimen, de privatización, sino de delegar la operación y mantenimiento de Sacha, un método previsto en la Ley, por cuanto Petroecuador, sin recursos para invertir a fin no solo de mantener, también de aumentar la producción, lo tiene a la deriva.
Cuando un Gobierno toma decisiones como aquellas, debe transparentar la información. En este caso, creemos, no hubo la suficiente. No la basada en meras declaraciones, peor cuando revienta el escándalo. Si se agazapa en su propia confianza, en no creer que al pueblo se le debe transparentar todos los actos públicos, tarde o temprano le caen críticas y sospechas.
La adjudicación de Sacha es presa de la desinformación orquestada a propósito a través de redes sociales. No está claro quiénes son los demonios ni los ángeles, o si los demonios de ayer asoman ahora como ángeles; o hay ángeles actuando cual “tontos útiles” a favor de los demonios.
