¿Gana algo el país con el enfrentamiento entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y, más concretamente, el Puerto Principal?
Mal puede el Ecuador habituarse a este tipo de rencillas, algo regular en recintos donde los vecinos se pelean hasta por las naranjas caídas en sus predios colindantes.
El alcalde, metido en un lío judicial por, presuntamente, traficar con combustibles subsidiados por el Estado, ha respondido con bravatas, cuando su obligación es no escamotear las audiencias fijadas por el juez; más bien, presentarse y dejar a buen recaudo su honradez.
Quien nada debe, nada teme, dice el adagio popular; y por eso mismo, dentro del legítimo derecho a defender su honora, está llamado a desbaratar las pruebas con las cuales la Fiscalía intenta procesarlo.
Arremeter en contra del fiscal, tampoco es prudente.
Guayaquil, como ciudad, debe exigirle dar la cara a la justicia, si bien la presunción recae en Aquiles Álvarez como empresario; pero es su alcalde y la representa.
El presidente, como si su alta investidura le permitiera caer en provocaciones de barrio, dispone al Ministerio del Ambiente reasumir la administración del Área Nacional Los Samanes, transferida durante el Gobierno de Guillermo Lasso.
Semejante decisión ha sido asumida como de revanchismo político por parte de los concejales de Guayaquil, propietaria, según argumenta el Municipio, del aquel parque.
De revanchismo, también porque el alcalde exige investigar a otra empresa, presuntamente, involucrada en aquel mismo supuesto delito, y cuyo representante sería un hermano del presidente.
Dentro de un mismo giro de negocios todos se conocen entre sí; y hasta entre quienes los manejan de manera ilícita.
La bronca trasciende lo político. Si lo fuera en este plano no habría problema. Y por eso irrita. Se desgastan energías, cuando tanto Guayaquil como el país las necesitan para resolver sus problemas.
El alcalde y el presidente deben estar a la altura de sus cargos.
