Mientras el desastre ecológico en Esmeraldas no tiene precedentes en la historia reciente y miles de damnificados siguen esperando la provisión de agua potable, las declaraciones oficiales han puesto el foco en posibles causas del derrame de crudo. Según la ministra Manzano, se trataría de un acto de sabotaje, aunque no ha presentado ninguna evidencia que respalde esta afirmación.
Este relato ya resulta familiar para los ecuatorianos. Desde el «vaciaron Mazar» hasta las «zarigüeyas saboteadoras» y los «robos de cable», las explicaciones sobre los prolongados cortes de energía han estado llenas de teorías poco creíbles. En ninguno de estos casos se ha presentado prueba alguna, y la ciudadanía, que en su momento creyó en el supuesto «sabotaje en Mazar», ahora recibe con escepticismo los nuevos intentos de desviar la atención de la crisis.
La insistencia en atribuir los problemas a presuntos sabotajes, lejos de ser efectiva, solo evidencia la negligencia en la gestión de emergencias. Más aún cuando informes oficiales señalan que el derrame de crudo se debió a un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias, lo que habría causado la rotura del SOTE. Insinuar que existe un riesgo similar en Papallacta o en la Amazonía parece más bien un auto sabotaje a la campaña del oficialismo, que enfrenta una estrategia electoral deficiente a pocos días del debate presidencial.
En lugar de buscar culpables con explicaciones inverosímiles, el gobierno debería concentrarse en atender la emergencia en Esmeraldas. No solo se trata de restablecer el acceso al agua potable, sino también de responder a las múltiples necesidades de la población en materia de seguridad, educación y empleo. Quienes habitan en estas zonas no pueden permitirse el lujo de especular sobre zarigüeyas saboteadoras, pero sí tienen razones para sospechar de un gobierno que parece haber olvidado su función primordial: gobernar.
