Algunos acontecimientos ocurridos en los últimos días, darían cuenta de que cada vez en Ecuador la institucionalidad democrática y una gestión racional del Estado se diluyen peligrosamente, y todo esto como consecuencia de maniobras que tendrían un claro interés político-electoral.
Una de esas arbitrariedades constituye la supresión de los derechos políticos por dos años a la Vicepresidenta de la República Verónica Abad, resuelta por el “Tribunal Contencioso Electoral” (TCE) por una supuesta violencia política de género por parte de ésta en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Una medida que tiene el tufo no sólo de ilegalidad, sino de absurda, pues si alguien ha sido víctima de una tremenda violencia política y de género, desde el inicio de este Gobierno, ha sido precisamente Abad. Pero, en vez de que sean sus victimarios los sancionados resulta que la sancionada es la víctima. Y esto, otra vez, para evitar que la Vicepresidenta pueda sustituir al Presidente durante la campaña electoral.
A propósito, nuevamente el Presidente Noboa ha comenzado su campaña sin pedir licencia, tal como manda la Ley Electoral o Código d la Democracia; y si la pide, seguramente, como ya lo hizo en la campaña de la primera vuelta, volverá a encargar ilegalmente la presidencia a un funcionario(a) del Gobierno que él quiera. Todo esto sin que ninguna institución de Estado, encargada de hacer respetar la institucionalidad democrática, actúe en consecuencia.
Por otro lado, como algo insólito en la gestión de un Gobierno, en el marco de la campaña electoral por su reelección, el Presidente Noboa sigue comprometiendo los escasos recursos estatales en la entrega de “bonos” (léase regalos económicos) a distintos grupos poblacionales, incluidos policías y militares. Una política absolutamente propia de los Gobiernos los populistas, despilfarradores y clientelares, que actúan con la lógica de: “si tú me das tu voto yo te doy…”. Una situación que, además, de atentar a una elección verdaderamente libre del ciudadano, usa los recursos del Estado para dar ventaja a uno de los contendores de la competencia electoral; es decir, hace que esta competencia no sea auténticamente democrática. ¿Dirán algo las “autoridades de control”?… (O)
