Definitivamente, creo que lo más importante del debate entre los candidatos presidenciales fue el haber concitado la atención de un significativo número de la población del país. No conozco cifras concretas, pero estimo que un enorme número de ecuatorianos estuvo pendiente del desarrollo del evento, y no tanto para ver cuáles eran las ofertas o las propuestas de los candidatos, que de alguna manera ya se las conocía con anterioridad, sino más bien para espectar si uno de ellos, a través de algún juego retórico o alguna habilidad discursiva, lograba hacerse “de los puntos” frente a su rival.
Que quién ganó el debate, o quién conquistó al electorado indeciso, lo dejo para el sesudo análisis de los amables lectores y cuyos resultados, a lo mejor, no se los verá antes del domingo 13 de abril, confiando, ojalá, en que prime en las decisiones electorales el correcto raciocinio y una buena dosis de memoria colectiva.
Mi preocupación tiene que ver ahora con las acusaciones que se endilgaron los dos debatientes, ¡y que no se trataba de pelo de cochino o cosa que se le parezca!, no, se trataba de gravísimas acusaciones, lanzadas de manera pública y por parte, nada más ni nada menos, que de los dos candidatos presidenciales finalistas. Se debe suponer, a menos que todos nos declarásemos locos de atar, que para que un candidato o candidata presidencial de un país, lance una acusación como a las que hago referencia, debe tener un mínimo de elementos de prueba que, con seriedad, sustente el o los hechos denunciados, porque de manera contraria, estaríamos entrando en un remolino en el cual, quien quiera puede inventarse lo que le salga del estómago para atacar a un rival político, sin que tenga que responder ante ninguna autoridad por ello. Convirtiendo a las acusaciones en una suerte de “objetos perdidos”, de los cuales más tarde nadie se acuerda y peor reclama.
Ambos candidatos tienen ahora el deber, más allá de los resultados electorales, de sostener y sustentar las acusaciones esgrimidas ante los electores, situación que constituye, además, una disposición constitucional vigente. El Ecuador así lo exige, por ética y sanidad políticas. (O)