La Asamblea Nacional archivó este martes 1 de abril de 2025 un proyecto de ley que proponía sancionar a las iglesias por emitir manifestaciones de carácter político o electoral.
Además, sancionaba a la Iglesia por promover conductas contrarias a los derechos humanos o libertades fundamentales durante sus actividades religiosas.
Según la norma, esto podía ser castigado incluso con su disolución.
La Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, presentada por la asambleísta Esther Cuesta, también proponía que las iglesias fuesen objeto de auditoría por parte de la Contraloría al uso de los fondos públicos entregados a estas organizaciones religiosas.
Razones del archivo del proyecto de ley
El archivo del proyecto de ley se concretó a petición la candidata presidencial, Luisa González, quien es presidenta de la Revolución Ciudadana.
González ordenó que el proyecto fuera archivado tras la controversia causada por el texto criticado tanto por la bancada oficialista de ADN, como por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
“En un tema que se ha usado para politizar algo tan delicado como es la fe”, señaló González.
Además, agregó que es “una mujer cristiana creyente en Dios, respetuosa de las diferentes religiones cristianas y de las demás expresiones que tengan los ciudadanos».
En la actualidad, González es miembro de la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana y Misionera y aseguró que defiende la libertad que tiene cada iglesia del manejo de sus recursos de origen privado.
A decir de la candidata, estos fondos que no tienen por qué ser fiscalizados desde la Contraloría.
Acusó a ADN de hacer uso malicioso de propuesta
La abogada y candidata presidencial acusó a ADN de hacer «un manejo doloso y malicioso» de este proyecto de ley.
Ella reconoció que no hubo un diálogo previo con las iglesias y se comprometió a involucrarlas si se vuelve a dar una propuesta similar.
Reacción de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal celebró en un comunicado el archivo del proyecto de ley, al que calificó de «malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional».
“Lo sucedido en la presentación de dicho proyecto de ley agredía y violentaba los derechos del 70 % de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos”, cuestionó la Conferencia Episcopal.
Además, se planteó preguntas como: “¿ser católico es un delito? y ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo?”.
Los obispos ecuatorianos agregaron que “de ninguna manera, la laicidad significa que el Estado deba limitar el accionar de las organizaciones religiosas, o establecer un régimen de sanciones para quienes manifiesten mensajes contrarios al poder de turno, o imponer creencias ajenas a sus propias creencias como la ideología de género».
Para ellos, se pretende “imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones”.
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