La defensa de las libertades no es parte del “debate” en esta campaña electoral. Antes, tampoco lo fue; o lo fue a medias.
Pasa desapercibida en medio de tantas acusaciones entre candidatos, de ofertas vacías, de firmas de acuerdos oscuros; peor en ese tobogán sin final de las redes sociales.
Casi todos hacen “mutis por el foro” cuando en la Asamblea por poco pasa un proyecto de ley para sancionar a las iglesias por emitir manifestaciones de carácter político o electoral, presentado hace casi un año por una asambleísta del correísmo.
Bajo el hipócrita membrete de libertad religiosa, pretendían regular a las iglesias, sobre todo a la Católica, sancionándolas incluso hasta “por promover conductas contrarias a los derechos humanos o libertades fundamentales durante sus actividades religiosas”.
Es más, era corriente política de malhadado recuerdo por, precisamente, ser contraria a las libertades, por perseguir a quienes piensan diferente, proponía que la Contraloría audite el uso de los fondos públicos entregados a los entes religiosos.
Semejante proyecto retrógrado lo habrían desempolvado tras la dura crítica hecha por un sacerdote cuencano a todo el entramado corrupto dirigido por la “Liga Azul” para tomarse las principales instituciones del Estado.
Un sacerdote, como cualquier pastor de otra iglesia, tiene el deber moral de dirigir a sus feligreses. Lo hizo Jesús.
La resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la situación de la vicepresidenta Verónica Abad también implica un retroceso para la libertad de expresión.
Sus expresiones con las cuales criticó a la canciller acaban de ser castigadas bajo ese otra “corriente progre”, la violencia política de género, y terminan suspendiéndola sus derechos políticos.
Con tan censurable antecedente, ya nadie querrá criticar a las féminas en el ejercicio de sus cargos o activismo político.
¿Asoma, entonces, otro ente inquisidor, a guisa de castigar por tal sui géneris violencia?
