Estaba previsto. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deberá prorrogarse en sus funciones, so pena de dejar acéfala a esta institución, pilar fundamental de sistema judicial.
Sus funciones terminarán este miércoles 9 de abril. No ha sido designado su sucesor, una responsabilidad del tan desacreditado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Según expertos en el ámbito legal, Salazar puede prorrogarse hasta ser legalmente reemplazada. Nada lo impide. Ella decidirá. Al cierre de este editorial no se sabía nada.
El Código Orgánico de la Función Judicial no establece la subrogación. Es decir, el fiscal subrogrante Wilson Toalinga no puede reemplazarla ante su ausencia definitiva.
El Cpccs tampoco puede otorgar un nombramiento emergente mientras avanza el concurso para elegir al titular. Así lo determinó la Procuraduría General del Estado.
Si Diana Salazar renuncia a prorrogarse, la Fiscalía, como se ve, entrará en acefalía, un vacío grave, gravísimo, considerando muchos casos de corrupción y del crimen organizado bajo su responsabilidad directa, cuyos actores visibles e invisibles celebrarían esa posible decisión.
El concurso para elegir al nuevo fiscal general sigue trabado en el Cpccs desde octubre de 2024. De retomarse, el plazo para coronar la designación no debería sobrepasar los meses. Y este sería, en teoría, el tiempo de la prórroga de Salazar.
En teoría; pues concursos como el referido, por trabas de toda índole, en especial por los intereses políticos, suelen extenderse de manera impredecible. Ocurrió con el Defensor Público. Y al no estar completo el Cpccs tras la destitución de los consejeros de la “Liga Azul”, el panorama es aún más complejo.
El de la Fiscalía no es el único concurso estancado en el Consejo de Participación. Están en funciones prorrogadas los vocales del Consejo de la Judicatura, del CNE (renovación parcial); hay un Defensor del Pueblo temporal.
