La audiencia programada para este jueves 10 abril de 2025 como parte del juicio seguido contra el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), en el que se le acusa por rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022, fue postergada debido a una huelga de transportistas que paralizará parte de Lima.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron a EFE que la audiencia ha sido reprogramada al viernes 11 de abril, fecha en la que ya estaba previsto realizar una sesión, puesto que estas se llevan a cabo los martes, jueves y viernes desde que se inició el juicio el 4 de marzo.
Hasta el momento, han declarado decenas de testigos como exministros, congresistas, altos mandos militares y policiales, personal del Palacio de Gobierno y periodistas y directivos del canal estatal TV Perú, que retransmitió el mensaje a la nación en el que Castillo anunció el cierre del Congreso, entre otras medidas, el 7 de diciembre de 2022.
Las autoridades responsables decidieron reprogramar la audiencia debido a que diversas asociaciones de transporte urbano han confirmado que acatarán el paro convocado este jueves en la capital peruana en protesta al aumento de la criminalidad y el delito de extorsión.
En una semana, al menos dos conductores de autobús han sido asesinados en Lima por parte de presuntos extorsionadores.
Este lunes ya hubo un pequeño paro como respuesta a la muerte, el pasado viernes, de un conductor de la compañía Etuchisa que falleció por los disparos de un presunto sicario cuando manejaba un bus de la empresa en el popular distrito de Los Olivos, en el cono norte de la ciudad.
Además, este martes, hubo otro ataque contra transportistas que acabó con un conductor muerto y otro herido por disparos de bala.
La Fiscalía inició la investigación contra los que resulten responsables de los delitos de extorsión y homicidio calificado en agravio de Daniel Guillermo, y por homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Luis Chinchay.
«Ambos fueron acribillados cuando conducían vehículos de transporte público en la avenida Venezuela, en el distrito de San Miguel», detalló la Fiscalía.
Los representantes de los principales gremios de transporte público en Lima y Callao han denunciado que 15 conductores han sido asesinados, en lo que va del año, por presuntas mafias de extorsionadores y sicarios al negarse a pagar altas sumas de dinero, en forma mensual, para seguir trabajando.
A pesar de que el Gobierno ha declarado en emergencia la capital peruana para reforzar la lucha contra la delincuencia, los ataques continúan casi a diario, en distintos puntos de Lima, y por ese motivo las organizaciones de transportistas han convocado el jueves a un nuevo paro y marcha de protesta. EFE
