Ecuador está a las puertas de una nueva etapa política, y es momento de tomar en serio la legalidad como base del desarrollo. Sin embargo, en sectores como el minero, cumplir con la ley se ha convertido, irónicamente, en uno de los mayores obstáculos, con empresas responsables enfrentando trabas políticas y presiones que poco tienen que ver con el bien común.
Peor aún, esta lógica castiga a quienes hacen bien las cosas y normaliza a quienes operan al margen. Un doble estándar que no solo socava la institucionalidad, sino que desincentiva la inversión responsable y obstaculiza el verdadero progreso.
Y, sin embargo, en medio de este escenario, hay una voz que se alza con sabiduría: la de las comunidades. Con humildad, apertura y una admirable capacidad de análisis, muchas de ellas han comprendido que el desarrollo sostenible no es un eslogan, sino un compromiso compartido. Han entendido que los proyectos bien ejecutados, acompañados de diálogo sincero y beneficios concretos, pueden transformar realidades y generar oportunidades.
Estas comunidades no se dejan llevar por consignas ni protagonismos. Observan, evalúan, aprenden y deciden. Saben que el país no puede seguir atrapado en una lógica donde “vale más el que opina donde no le corresponde”, sino aquel que propone con inteligencia, empatía y visión de largo plazo.
Hoy, Ecuador necesita más que nunca una institucionalidad que premie la legalidad, que fortalezca el cumplimiento y que respalde un buen proceder. No se trata de defender intereses particulares, sino de reconocer que el desarrollo verdadero —ese que es sostenible, inclusivo y transformador— solo puede florecer en un entorno donde no se interprete la ley por antojo.
Porque cuando las comunidades están dispuestas a construir, los gobiernos, locales o nacionales, no pueden ser quienes se interpongan. Al contrario: deben ser sus principales aliados. (O)
