El Gobierno de Guillermo Lasso está en apuros tras la denuncia de supuestos actos de corrupción.
La hizo un medio digital cuya investigación ha sido objeto de críticas por incompleta, de plantear preguntas en vez de dar certezas inobjetables, documentadas, irrebatibles.
Cuando la investigación ha cumplido con uno de sus principales requisitos: la rigurosidad, no es el acusado quien debe exigir las pruebas, sino, al contrario, demostrar su inocencia.
En otras palabras, si es contundente “las frutas se caen por sí solas”. El o los investigadores, si bien no cómodos, esperan, y exigen también con el respaldo de la ciudadanía, el trabajo de la Fiscalía, luego de los jueces, para castigar a los corruptos.
En la referida denuncia, el presidente ha sido colocado en la cima de la pirámide de corrupción como sabedor de los hechos.
Eso es gravísimo. Deben tener las pruebas suficientes; igual para involucrar al cuñado del presidente y sus nexos con su asesor, encargado, según la denuncia, de intermediar para robar al Estado.
Según la investigación periodística, exigían coimas para adjudicar contratos en empresas públicas del sector eléctrico. Varios contratistas denunciaron haber sido obligados a pagar sobornos para poder cobrar las planillas.
Semejante revelación causó revuelo en la Asamblea Nacional, donde ciertos sectores políticos dan por hecha su veracidad, sin autoanalizarse si tienen o no rabo de paja.
Lasso dispuso a la Secretaría Anticorrupción, una dependencia de su Gobierno, investigar las denuncias, no sin antes apresurarse a calificar a su cuñado de “hombre honorable”.
Ojalá tales investigaciones, es especial las de la Fiscalía, permitan confirmar o no la hecha por el medio digital, y hacer las suyas. Si son positivas, aplicar la ley “caiga quien caiga”.
No solo están en juego la honradez del Gobierno y su publicitada lucha anticorrupción; también el periodismo de investigación, vilipendiado en recientes regímenes cuya corrupción la castigaron los jueces.
