Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, denunció ante la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ) a seis jueces supuestamente involucrados en un sinnúmero de casos en los que han fallado a favor de políticos vinculados con casos de corrupción y con personas vinculadas con las bandas delictivas que operan en el país.
Según el funcionario, este tipo de denuncias serán continuas y contra todos los magistrados que tengan estas mismas actitudes.
Este primer listado de jueces denunciados provino, según informó Ordóñez, de una investigación realizada en el interior del Consejo de Seguridad del Estado (COSEPE), en la que se identificó a los jueces que reincidentemente toman decisiones judiciales “severamente” cuestionables.
Según el secretario de Estado, el accionar de este tipo de jueces bloquea el trabajo de la Policía Nacional y del Gobierno, en el combate a la inseguridad, pues cualquier estrategia implementada se queda sin sustento cuando los magistrados fallan a favor de las “mafias”.
“No hay estrategia de seguridad que funcione sin que los jueces operen en consecuencia de esa estrategia de seguridad. Los jueces tienen que servir a la justicia y a la seguridad, los que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia están atentando contra un bien que es fundamental en la convivencia de los ciudadanos, que es su seguridad”, afirmó Ordóñez.
Previamente, la noche del martes, el presidente Guillermo Lasso, en un informe a la Nación, hizo públicos los nombres de los jueces cuestionados: Ángel Lindao, señalado por liberar a delincuentes sin pagar sus sentencias; Carlos Terán, acusado de emitir más de 15 boletas de excarcelación a presos peligrosos; Mary Quintero y José Luis Alarcón, los dos señalados por fallar a favor de 18 personas vinculadas con el narcotráfico; y Emerson Curipallo, quien habría abusado de las medidas cautelares para beneficiar a sentenciados.
Respuestas
La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, coincidió en la acusación a los jueces y recalcó que, desde el inicio de la actual administración, en abril del 2019, se ha enviado al CJ 43 acciones disciplinarias contra funcionarios judiciales, 20 contra magistrados, cinco de los cuales fueron mencionados por el mandatario.
Sin derecho a defensa
Aunque el secretario Diego Ordóñez señaló que no están acusando de nada en concreto a los jueces señalados y que lo que están pidiendo es que se investigue, para Paúl Ocaña, de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, el Gobierno ha incurrido en una ilegalidad al exponer públicamente los nombres de los magistrados, pues se les ha negado el derecho a la defensa y al debido proceso.
“Se ha quebrantado el derecho a la inocencia, se ha violentado la intimidad y el buen nombre de estas personas que todos merecemos. Esto demuestra que el presidente no tiene un asesor jurídico penal, porque le acaban de meter en serios problemas legales”, afirmó el jurista.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, rechazó que se generalice a todos los jueces, pues la mayoría hace un trabajo “valioso”, por lo que pidió al Consejo de la Judicatura que evalúe a los funcionarios y sancione a los vinculados con actos irregulares, en el marco del debido proceso. (I)
APOYO
6 jueces fueron denunciados por el Gobierno ante la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, el número seguirá aumentando, según Gobierno. Quito.- (ASM)-(I)
