Tan pronto como el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados y entregue credenciales a los candidatos ganadores para alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales rurales, vendrá la transición del poder.
Incluso antes, según anuncian varios de los electos, entre ellos el de Cuenca, Cristian Zamora, comenzarán a pedir información y reunirse con quienes los sucederán.
A quienes dejarán sus cargos a mediados de mayo próximo, la ley no les impide ejercerlos, como acostumbra a decirse, “hasta el último día de la gestión”.
La controversia suele surgir por varias resoluciones administrativas. Por ejemplo, dar nombramientos, de última hora, para ciertos empleados contratados; ampliarles el periodo aun cambiándolos de denominación o trasladándolos a las empresas municipales.
Lo más discutido suele ser la firma de contratos para la construcción de determinadas obras, y hasta la toma de decisiones comprometedoras a fin de librarse de eventuales responsabilidades.
El alcalde electo de Cuenca ha hecho pública la intención de firmar adendums al contrato para la instalación de radares, cuya terminación unilateral la recomendó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional; y él, siendo concejal, fue uno de los principales denunciantes.
Lo sensato sería esperar. Aquel fue un tema de campaña electoral. Correspondería a la nueva administración tomar la mejor decisión, si bien aún no hay informe final de la Contraloría General del Estado.
Como también sensato, ético, sobre todo, sería abstenerse de firmar contratos, a lo mejor para salir con cierta aureola y consuelo ante la derrota política.
La transición debe ser transparente, en especial la financiera. Si es posible entre alcaldes, prefectos salientes y entrantes y sus respectivos equipos de trabajo.
Dejarla solo a expensa de delegados no da mayores resultados. Más bien es la antesala de posteriores quejas y justificaciones.
