Francia desplegará 13.000 agentes, de los que 5.500 estarán en la capital, para garantizar la seguridad durante la décima jornada de protestas contra la reforma de las pensiones, tras los actos violentos de la pasada semana, indicó este lunes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
«Hemos detectado riesgos muy importantes contra el orden público», aseguró Darmanin ante la prensa, lo que, a su juicio, justifica un despliegue policial «sin precedentes«, que incluye a 90 compañías móviles de agentes antidisturbios, «un nivel nunca alcanzado».
El despliegue supera en 1.000 agentes al del pasado jueves, que no pudo impedir importantes escenas de violencia en varias ciudades.
El ministro señaló que han identificado a unos 2.000 individuos radicalizados, muchos de ellos procedentes del extranjero, dispuestos a utilizar de nuevo la manifestación sindical para «desestabilizar las instituciones».
En particular, señaló la presencia de militantes de ultraizquierda, los mismos que han actuado desde el pasado día 16, cuando la violencia extrema se incrustó en las acciones sindicales contra la reforma de las pensiones.
Darmanin indicó que, desde ese día, 891 agentes han resultado heridos, 47 de ellos el pasado sábado en Saint-Souline durante una protesta ecologista contra unos estanques artificiales para el riego agrícola, que se produjo dos días después de los incidentes registrados en varias ciudades durante la novena jornada de manifestación.
El ministro aseguró que 128 edificios públicos han sido objeto de ataques, algunos tan emblemáticos como el Ayuntamiento de Burdeos, cuya puerta fue quemada, mientras que 114 oficinas de parlamentarios han sido vandalizadas y se han identificado casi 2.200 incendios voluntarios.
El responsable de Interior aseguró que no permitirán que en el país «se instale la ley del más fuerte y se esté a merced de la ultraizquierda» y acusó a responsables políticos de izquierda de no condenar con contundencia la violencia contra la policía, lo que «contribuye a legitimarla». EFE
