“Es hora de decir basta a los criminales y sus aliados”. Con este contundente mensaje, el ministro de Defensa, Luis Lara, dio pistas de cuál será el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, liderada por el narcotráfico.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo como amenaza para el Estado y por consiguiente a su seguridad integral.
¿Se trata de declarar la guerra al crimen organizado cuyas acciones, demenciales en algunos casos, mantienen al Ecuador en zozobra, son un freno para la producción y enfrentan al Estado con su poder bélico, financiero y hasta político?
La resolución del Cosepe se fundamenta en el artículo 266 de la Constitución.
Además, sugirió al presidente Guillermo Lasso emita un decreto, estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces. Estas incluyen el empleo de armas letales para combatir la amenaza terrorista.
El gobernante definirá los lineamientos de defensa; igual, el modo de operar contra del terrorismo, si bien el ministro Lara adelantó “el uso legítimo de la fuerza y si es necesario se empleará el armamento letal”.
Resta conocer las bandas criminales a ser recategorizadas como terroristas para evitar poner a todas en el mismo saco; y por potenciales consecuencias, luego el gobierno no sean objeto de demandas, internacionales incluso.
No faltarán quienes eventualmente demanden la inconstitucionalidad de la declaratoria del Cosepe y el decreto por difundirse. Comedidos no faltan para estas causas.
Según el flamante Secretario de Seguridad, Wagner Bravo, las Naciones Unidas considera como terroristas a los grupos criminales con cuyas acciones aterrorizan a las personas, imponen su ley, son una amenaza y tienen poder hasta para enfrentar al Estado.
La inseguridad, la violencia, merecen un coto. Todo cuanto se haga para este fin es positivo, si bien respetando la vida aun de los delincuentes. Para sentenciarlos está la Justicia.
