Cerca de 300 jueces de todo el Ecuador se reunieron ayer en Cuenca para analizar la aplicación de garantías jurisdiccionales, que son figuras legales que sirven para proteger los derechos humanos y acceso a la justicia.
Sin embargo, valiéndose de estos mecanismos de carácter judicial, presos que están acusados de crímenes, narcotráfico, actos de corrupción y otros graves delitos, han recuperado su libertad sin cumplir las penas que les fueron impuestas.
Entre estos está Carlos Flores, autor del femicidio de Cristina Palacios, ocurrido en Cuenca el 28 de marzo de 2017. Él tenía una sentencia de 34 años de prisión, pero solo cumplió seis.
También se benefició de estas medidas Junior Roldán, alias JR, uno de los principales líderes de la banda Los Choneros. Estuvo privado de su libertad 13 años. Tenía 83 años de penas acumuladas por varios delitos.
De estos recursos también se favoreció Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador, sobre quien pesan tres sentencias por actos de corrupción, que en total suman 22 años.
Prevaricato
Y es que en 2018 la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) emitió un dictamen que fue tomado por algunos magistrados como una oportunidad para aplicar estas garantías en beneficio de reos y sin mayor control.
Pues la CCE en su resolución estableció que el prevaricato tiene como excepción a los jueces que actúan en acciones constitucionales: hábeas corpus, medidas cautelares y acciones de protección.
No obstante, la CCE emitió una nueva resolución, el último 7 de junio, en la que determina que los magistrados que, sin justificación, den estas garantías, ahora si pueden ser acusados de prevaricato.
Alí Lozada, presidente de la CCE, también estuvo en el encuentro de magistrados que tuvo como sede a Cuenca y que se denominó II Cumbre de Juezas y Jueces del Ecuador: Garantías Jurisdiccionales y Ética Judicial.
Lozada insistió en que los magistrados deben actuar fundamentados en valores como la independencia y la imparcialidad. “Eso es lo que está detrás de la toga…”, manifestó.
Acotó: “el desafío que tenemos los jueces del país es el poder construir la institucionalidad de lo jurisdiccional, para que en el imaginario de la ciudadanía pueda distinguirse lo que es una autoridad política de lo que es una judicial”.
Refundación
A criterio de Maximiliano Rusconi, exfiscal general de Argentina, quien participó como expositor en esta cita, la actividad judicial en esta región atraviesa un momento “en donde ya no se requiere una reforma sino una refundación…”.
Acotó: “necesiamos buscar la verdad en un tiempo razonable, con cierta velocidad, y sin embargo; tenemos la actividad más burocrática de todo el sistema democrático…”.
Para Rusconi la crítica pública apunta cada vez más a los sistemas de justicia, por lo que los jueces tienen el desafío de buscar que sus decisiones tengan el menor nivel de violencia institucional.
Pamela Aguirre, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), insistió en que si un juez determina la vulneración de un derecho necesariamente tiene que dictar medidas de reparación.
“Medidas de reparación que tienen que ser proporcionales, que busquen, en el mejor de los escenarios, volver al estado anterior, pero hay violaciones es las que es imposible regresar al estado anterior…”, especificó.
Advirtió que “la débil institucionalidad del Ecuador ha generado que una decisión judicial lamentablemente no se vea o no se mire como una disposición de inmediata ejecución…”.
“Jueces deben tener seguridad y serenidad”
Ivan Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia
– ¿A qué atribuye usted que en los últimos años haya un incremento de casos en los que se aplican estas garantías jurisdiccionales?
Hay algunos aspectos que la jurisprudencia y la ley deben aclarar, por eso cabalmente quiero recordar que nosotros presentamos un proyecto de ley hace aproximadamente dos meses, en donde precisamente pretendemos que se corrijan ciertos errores que hay en materia de acción de protección, hábeas corpus y medidas cautelares, y claro, también las decisiones de los jueces
– ¿Pero usted ha notado que efectivamente hay un incremento en la aplicación de estas medidas?
Yo creo que sí
¿A raiz de qué?
Tenemos estadísticas en donde desde el año 2014 hasta la presenta fecha se empezó a acrecentar el número de garantías jurisdiccionales, obviamente son instrumentos importantes para la defensa de los derechos, pero parece ser que hay una suerte de abuso o desnaturalización…
– ¿La nueva resolución de la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) en alguna medida frena esto?
Creo que sí, me parece importante la decisión de la Corte Constitucional en términos de que deja claro que si es posible que los jueces en esta materia puedan cometer el delito de prevaricato, de hecho, no hay como dejar de decirlo, ha habido hechos irregulares en esta materia, hay que decirlo y hay que corregirlo…
– ¿Cómo garantizar justicia, si hay denuncias de actos de corrupción precisamente de algunos jueces?
Hay que hacer realidad la norma a través del régimen disciplinario…
– Hay preocupación en los administradores de justicia por su seguridad. ¿Qué acciones concretas piden para garantizar la seguridad de los jueces?
Esa es una preocupación de los jueces del país, el ministro del Interior (Juan Zapata) ya está otorgando seguridad, principalmente, a los jueces de la sala penal, de la Corte Nacional de Justicia; a los jueces anticorrupción con sede en Quito; y a otros jueces del país. Es importante que los jueces tengan la serenidad y la seguridad para resolver en derecho
– ¿En qué consiste la ética judicial que se trata en esta cumbre?
Hoy vamos a suscribir un acuerdo por la ética judicial y vamos a hacer nuestro un código de ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Sustancialmente corresponde una conducta ética no solo en términos de ser independiente y de aplicar el derecho sino además tratar de ser mejores como seres humanos. Esa es la apuesta ética que debe tener un ciudadano y ni se diga un funcionario judicial.
