Luego de una década, la propuesta de consulta popular que buscaba que el petróleo del bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, y Tambococha) se quede de manera indefinida bajo tierra, será puesta a consideración de los electores.
En 2013 la iniciativa para conservar el crudo bajo tierra por el Yasuní ITT, no tuvo éxito, por lo que el entonces presidente de la República activó la excepcionalidad del art. 407 de la carta constitucional, y de manera “fundamentada” y con el visto bueno del Legislativo, autorizó la explotación, que en teoría implicaba la afectación del 0,01% de la Parque Nacional.
Sin embargo, hace pocos meses la Corte Constitucional, CC, calificó a través de dictamen favorable, la iniciativa de Consulta Popular presentada por el colectivo ambientalista “Yasunidos”.
Y como no puede ser de otra manera, el Ecuador cada vez está más extremo a nivel de posiciones, por lo que la polarización lleva a defensores y contradictores de la consulta, a exponer sus posturas.
Quienes apelan por el Sí, consideran que la zona del Parque Nacional Yasuní es una de las más biodiversas en el mundo, así como que, existe presencia de pueblos no contactados, razón por la cual, desde lo ambiental y social, se debe preservar la zona, e incluso ponen de manifiesto el daño ambiental generado durante esta década, a través de 22 eventos (derrames).
Mientras quiénes se oponen, fundamentan su postura sobre todo a partir de aspectos económicos, técnicos y prácticos. Primero, porque según cifras del Ministerio de Energía, implicaría 1200 millones de dólares menos a las arcas fiscales (por año). Por otro lado, señalan que será imposible cumplir el plazo de un año que señaló la CC para desmontar la infraestructura de explotación; y, por último, argumentan que, la consulta popular es extemporánea, pues su practicidad recaía si se lo hacía previo a la explotación.
Al parecer a los defensores de estas posturas se les olvida que, si triunfa el Sí, se deben plantear mecanismos económicos y tributarios prácticos, para compensar la falta de ingresos, entre ellos, resultaría coherente apoyar la eliminación de los subsidios de los combustibles; mientras que, si triunfa el No, se debería activar verdaderos observatorios para el cumplimiento de esos “altos estándares” en la explotación del crudo, para evitar episodios que pongan en riesgo a la biodiversidad, así como que, el Estado cumpla con su rol respecto a los pueblos no contactados. (O)
