La opinión pública de Rumanía está conmocionada por un escándalo en torno al maltrato y abuso de cientos de ancianos en residencias gestionadas por una asociación cristiana ortodoxa con estrechas relaciones con el poder político del país balcánico.
La semana pasada, un centenar de personas mayores fueron rescatadas de tres residencias en las que malvivían cerca de Bucarest, con apenas alimentación y sometidos a violentos tratos vejatorios.
El presidente rumano, Klaus Iohannis, calificó lo sucedido de “vergüenza nacional” y exigió a la clase política “el coraje para tomar medidas”.
La prensa rumana habla de «asilos de terror», dirigidos por la asociación “San Gabriel el Valiente”, fundada por dos personas cercanas a la ministra de Familias y antigua alcaldesa de Bucarest, la socialista Gabriela Firea.
En total, 26 personas fueron detenidas por el caso, la mitad de ellas siguen en prisión preventiva o en arresto domiciliario.
El escándalo tiene una vertiente política adicional, ya que Firea, que sigue en el cargo, pretende presentarse en 2024 nuevamente a la alcaldía de la capital, con diferencia la ciudad más grande del país.
Tras un registro este lunes de medio millar de residencias en toda Rumanía, las autoridades decidieron cerrar cuatro centros de forma permanente, mientras que otros 22 fueron suspendidos temporalmente.
El primer ministro rumano, el socialista Marcel Ciolacu, declaró tras los registros, que confirmaron los abusos, “no tener ninguna empatía con quienes facilitaron este horror”.
EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
En los asilos, con pocos trabajadores y muchos residentes, los ancianos pasaban los días tirados en literas, en pésimas condiciones de higiene, sin sábanas y con los colchones sucios de orina y heces.
En vídeos filtrados a la prensa local, se ve a personas mayores y vulnerables con signos de abusos físicos, algunas estaban incluso atadas a sus camas.
Varios testigos aseguraron que a los ancianos se les administraba fuertes somníferos para que durmieran quince horas por día.
Hay denuncias de que las víctimas no recibían suficiente comida, que solía estar además en mal estado.
Según la prensa rumana, en estos asilos se alojaban también algunas personas jóvenes con discapacidades.
Los centros cerrados, de gestión privada pero financiados con fondos públicos, funcionaban a través de “San Gabriel el Valiente”, fundada por una asesora y por un exchófer de la actual ministra de Familias.
Los sospechosos fundaron asociaciones para el cuidado de mayores para captar así fondos públicos, pese a no disponer de ninguna experiencia en este tipo de a asistencia de personas mayores.
Además, se incautaban de las pensiones de los ancianos, les animaban a vender sus viviendas para financiar su estancia en los asilos y falsificaban certificados sanitarios para enviarlos luego a centro públicos para discapacitados, por lo que cobraban un subsidio aparte.
Las condiciones eran tan malas, que algunos de los residentes se dedicaban a pedir ayuda y comida a las personas que pasaban por el jardín de uno de los centros, cuenta la prensa rumana.
Las autoridades locales estiman que los responsables de los centros desviaron entre noviembre de 2021 y junio de 2023 cerca de un millón de euros de fondos públicos.
Por ahora, solo el antiguo conductor de la ministra ha sido detenido, mientras que la asesora ha sido suspendida de su cargo de forma temporal.
Seis altos funcionarios fueron destituidos por el escándalo, entre ellos, el secretario y la vicesecretaria del ente público de protección de los derechos de las personas con discapacidad (ANPDP).
Según documentos a los que tuvo acceso el portal de noticias G4Media, inspectores de ANPDP ya habían registrado en junio de 2022 uno de los centros ahora cerrados, sin tomar ningún tipo de medidas.
El ministro de Sanidad, el socialista Alexandru Rafila, dijo que pese a los registros efectuados no estaba al tanto de las condiciones en esos asilos, ya que muchos inspectores «miran más los papeles que los centros», es decir, priorizan la burocracia sobre el estado de los ancianos. EFE
