La democracia es producto de la razón y no solamente de las emociones proclives al populismo.
En el contexto de la crisis institucional que domina hoy en día debe cumplir su misión fundamental, que se concreta en garantizar a los ciudadanos la libertad, justicia y bienestar con la certeza de la seguridad integral, valores y principios que relativizados por la politiquería son atacados todos los días por el crimen organizado.
Crimen organizado que actúa con premeditación y alevosía para imponer sus propósitos en los diversos sistemas de organización. Delitos múltiples como el narco tráfico, el lavado de activos, la trata de personas y armas, entre otros, son sus obras.
Fluye la necesidad de un proceso constituyente de largo aliento. Proceso que debe ejecutar el nuevo gobierno y los siguientes para superar las falencias de la Constitución vigente y la normativa penal que han sido proclives a la expansión del delito.
Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el Tribunal Penal Internacional, La ONU, la OEA, deben procurar las garantías necesarias para los derechos de las víctimas del delito, así como el Estado y los Municipios cumplir su deber fundamental de velar por la integridad de los bienes jurídicos y sus titulares.
Si la delincuencia campea, la política pública y la criminología deben revisar la tipología penal. En nuestra realidad nacional, atravesada por la crisis institucional que desborda la capacidad de control básico, como es la soberanía efectiva del Estado en todo su ámbito jurisdiccional y por razones obvias el mismo sistema, las elecciones son claves para elegir a quien y quienes garanticen la necesaria depuración del poder estatal al servicio de los dieciocho millones de ecuatorianos.
Tengamos presente que la democracia pese a todas sus limitaciones y falencias sigue siendo el mejor sistema para la solución de los problemas sociales. (O)