El 99 % de los ecuatorianos pide justicia tras el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, para muchos, víctima de un crimen político.
Pero ese mismo porcentaje debe o puede estar escéptico. Casi todos los crímenes cometidos en estos últimos tiempos contra personajes públicos van quedando impunes.
Un manto de injusticia, de investigaciones a medidas, de asesinar a los asesinos aun estando detenidos, de desaparecer informes y pericias claves; de inventarse cualquier cosa, de sentenciar, en el mejor de los casos, a los autores materiales, menos a los autores intelectuales; de cansar a los deudos, de leguleyadas, cubre a esas muertes violentas, no gratuitas, ni consecuencia de la “delincuencia común”, sino tramadas y planificadas.
Luego del asesinato de Villavicencio se repiten las mismas expresiones, ya comunes, en desuso al habérselas despojado de su real contenido.
El Gobierno ha pedido el apoyo al FBI. Bien; pero, hasta tanto, estas horas, estos días, son claves, como en toda investigación, para encontrar certezas, indicios determinantes, no elucubraciones, peor discursos repetitivos o frases vaciadas de credibilidad.
Hay un país dolido, impotente; la democracia está herida. Las próximas elecciones no serán las mismas, ni siquiera el esperado debate, aunque de debate propiamente dicho tendrá poco.
En lo internacional, el Ecuador sigue mirado cuesta abajo; peor ahora con el asesinato de un presidenciable, cuyo paso al balotaje, según las encuestas serias, era posible.
La condena internacional ha llegado desde todos los continentes, excepto de ciertos gobiernos practicantes del totalitarismo y de concebir como enemigos a sus opositores y denunciantes de sus corruptelas.
Únicamente ciertos sectores para los cuales con el asesinato de Villavicencio se sacaron de encima a un enemigo incómodo acaso sin desearlo, el resto, digamos el 99 %, exige justicia.
Si este atroz crimen también queda impune, los cimientos de la República se resquebrajarán del todo.
