Excepto en Orellana y Sucumbíos, las provincias con mayor producción petrolera, el resto del país votó Sí en la consulta popular impulsada por el colectivo Yasunidos tras conseguir la aprobación de la Corte Constitucional.
En consecuencia, Petroecuador no podrá seguir explotando petróleo en el Parque Nacional Yasuní, concretamente en el bloque ITT.
De alguna manera, deberá procesarse el pronunciamiento en aquellas dos provincias para evitar eventuales fricciones, máxime si se considera las fuentes de trabajo a perderse, más el impacto económico en sus capitales, donde se ofrece toda clase de servicios para la actividad petrolera.
Esas dos jurisdicciones, entre 2017 y 2022 recibieron USD 250 millones por concepto de renta petrolera dispuesta en las leyes Amazónica y 40. ¿Todo esto lo perderán?
Pronto vendrá lo duro, lo real. Lo será para el actual Gobierno; mucho más para su sucesor.
Nunca se aclaró cuánto mismo de dinero dejará de recaudar el Estado por el cierre de la producción petrolera en el Yasuní, estimada en 58 mil barriles diarios. Según el Gobierno, son USD 1.200 millones anuales; para otros, 600 millones, 450 millones; para otros, como los políticos y activistas, mucho menos incluso, y hasta fáciles de ser suplidos.
Desmantelar en un año, según el plazo dado por la CC, toda la millonaria infraestructura montada por Petroecuador, será titánico cuando no imposible. Entonces sobrevendrán los reclamos.
Según esa empresa, el desmontaje costará centenares de millones de dólares, sin contar con el pago de indemnizaciones a comunidades, arbitrajes internacionales, etc.
Petroecudor respetará el pronunciamiento a favor del Sí. No tiene otra alternativa.
El Gobierno, a más de cumplir con lo dispuesto por la CC deberá planificar cómo ayudar a las citadas provincias; reordenar el Presupuesto General del Estado en cuanto a los ingresos.
Sin duda una disyuntiva nada fácil; pero es la decisión del pueblo soberano en pro del cuidado ambiental.
