El Gobierno prorrogó el contrato de concesión para servicios de telefonía móvil de la operadora mexicana Claro, a cinco días de su culminación y con las negociaciones para su renovación temporalmente suspendidas desde mayo.
En una rueda de prensa realizada en el palacio presidencial de Quito, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, explicó este martes 22 de agosto de 2023 que la prórroga fue suscrita con Claro el lunes mediante notario, y que el Ejecutivo está avanzando una extensión similar para la española Telefónica Movistar, cuya concesión vence en noviembre.
Maino detalló que la prórroga con Claro extenderá las condiciones del actual contrato otorgado en 2008 a la operadora mexicana mientras se retoman las negociaciones para la nueva concesión.
«No contempla elementos distintos a los que ya se tenían en el contrato previo. Las nuevas condiciones, inversiones, coberturas o tecnologías corresponden a la negociación del nuevo contrato», apuntó la titular de la cartera de Telecomunicaciones.
Así, la prórroga se mantendrá vigente «hasta que se firme el nuevo contrato de renegociación, lo cual se estima que deba celebrarse en seis meses», dijo Maino.
El periodo en el que se mantenga en vigor esta prórroga se descontará del tiempo de concesión del nuevo eventual contrato.
Durante esta prórroga, Maino señaló que se ha calculado un pago que será prorrateado de manera mensual, con un valor de unos 3,3 millones de dólares a abonar por la empresa en los primeros días de cada mes.
En caso de que el nuevo contrato contemplase un pago por parte de Claro superior al de la actual concesión, se aplicará el recargo al momento de su suscripción, y de igual forma se le descontará a la empresa en caso de que fuese inferior, según detalló la ministra.
Maino destacó que la continuidad de la operación de Claro en el país garantiza el servicio a más de 9 millones de usuarios con los que cuenta la empresa mexicana en Ecuador, que suponen el 52 % de los 18 millones de clientes de telefonía móvil que existen a nivel nacional.
El Gobierno ecuatoriano, del presidente conservador Guillermo Lasso, suspendió en mayo pasado las negociaciones con Telefónica y Claro por 120 días o hasta que varias instituciones entreguen una serie de informes solicitados.
La suspensión se dio menos de una semana después de la «muerte cruzada» declarada por Lasso, con la que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora y forzó así una convocatoria de elecciones generales extraordinarias con la que recortó su mandato.
Con miras a retomar las negociaciones con Claro y Telefónica Movistar para sus nuevas concesiones, Maino destacó que el Gobierno «ha avanzado muchísimo en lo pendiente».
«Primero había que prorrogar los contratos para tener una negociación tranquila y con la suficiente firmeza», apuntó la ministra al indicar que están evaluando «cuestiones regulatorias como la posibilidad de incluir otras tecnologías como más espectro de 4G y 5G».
De su lado, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, resaltó que la extensión del contrato de concesión de Claro permite proteger «la seguridad jurídica del contrato per se y de las garantías que se tienen que dar para que la compañía siga haciendo las inversiones y obligaciones que les corresponden para la mejora del servicio».
«Existe también una continuidad de ingresos, porque a día de hoy se seguirá pagando una cantidad al Estado ecuatoriano. Es una negociación del Estado, y se garantizan para el Estado los ingresos correspondientes mientras dure esta prórroga», concluyó.
Claro y Telefónica Movistar son los dos únicos operadores privados de telefonía móvil en Ecuador, cuya oferta se completa con la estatal Compañía Nacional de Telecomunicación (CNT). EFE
