El Consejo Nacional Electoral (CNJ), desde la década anterior acumula una serie de cuestionamientos. En casi todos los procesos electorales las sombras de la duda han sido la tónica.
Es un ente político sin duda. Si bien sus integrantes son elegidos mediante concursos públicos, al final se devela su origen partidista. Forman mayorías y minorías, y no han estado libres, como ahora, de señalamientos.
El actual, en funciones prorrogadas, si bien hizo frente a elecciones no previstas, es blanco de críticas, cuando no de objeciones respecto de los resultados obtenidos por los candidatos a asambleístas, aunque, justo es decirlo, no hay denuncias concretas.
Para algunos, aplicando las matemáticas, no cuadran los resultados obtenidos por los presidenciales, en especial los dos finalistas y el tercero, con el número de asambleístas alcanzado, pues los porcentajes marcan diferencias incompatibles.
El día de las elecciones, el sistema del voto telemático fue objeto de ataques cibernéticos desde varios países. Esto afectó a los ecuatorianos empadronados en el exterior. Muchos no pudieron votar.
Al parecer falló la empresa contratada por el CNE para dar servicio de soporte, acompañamiento y gestión para la participación de esos ecuatorianos, y cuyo monto es de USD 847.185.
Eso obligó al organismo a declarar la nulidad de las votaciones en el exterior para asambleístas nacionales, no para presidente y vicepresidente de la República.
Además, lo exigieron los movimientos Revolución Ciudadana y Centro Democrático, en tanto Construye y Sociedad Patriótica impugnarán la resolución por considerarla ilegal, inconstitucional e ilegítima.
Están en juego algunas curules legislativas. De pronto, los dos finalistas obtienen más asambleístas nacionales desplazando a los otros.
Después de todo, cada grupo político quiere llevar el mayor número de legisladores para, según sean gobierno o no, tener el control de la Asamblea y medir fuerzas con el Ejecutivo.
