Las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones anticipadas del 20 de agosto presentan un escenario -atípico- que les otorga cierta ventaja frente a la posibilidad de cancelación o extinción de su personería jurídica en caso de no haber cumplido con los requisitos referentes al porcentaje de votos válidos, como lo establece tanto el reglamento emitido por el Consejo Nacional Electoral para este proceso como el Código de la Democracia.
Estas elecciones, que se destacan por ser inusuales en el contexto electoral convencional, surgieron como resultado de un decreto ejecutivo emitido por el presidente Lasso, conocido como -muerte cruzada-. Esta particularidad implicó que el CNE debió enfrentar diversos ajustes y adecuaciones, adaptándose también a directrices constitucionales establecidas, como aquellas donde las elecciones de asambleístas y binomios presidenciales, no se consideran como reelección.
Sin embargo, respecto al financiamiento público, el CNE se encuentra en espera de un informe jurídico y técnico sobre la aplicación del artículo 223, numeral 1 del Código de la Democracia. Este artículo establece la obligación de los candidatos u organizaciones políticas que no alcanzaron al menos el 4% de los votos en elecciones previas, de devolver el 50% de los fondos de promoción electoral recibidos, se alza como un factor clave en este escenario de la depuración necesario del sistema político electoral en Ecuador.
Ejemplos concretos, como el caso de Pérez y Hervas, resaltan la relevancia de esta normativa. A nuestro criterio, bien hace la norma en establecer estas condiciones para la devolución del fondo de promoción electoral, en tanto que evita la fragmentación excesiva de candidaturas y el uso de recursos públicos en quienes ya no cuentan con el apoyo ciudadano. (O)
