Discutible y sujeto a un profundo análisis político resulta el informe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) difundido días atrás.
No es vinculante, pero merece ser tomado con pinzas por parte de la clase política, en especial por el presidente electo Daniel Noboa.
La misión llamó la atención a las figuras políticas y autoridades “a no abusar de las consultas populares y de los juicios políticos”; pues las continuas votaciones están generando “cansancio generalizado” en la ciudadanía.
En los últimos siete años, los ecuatorianos han acudido a las urnas en al menos nueve ocasiones, incluyendo consultas populares y referendos.
En año medio volverán a hacerlo para elegir un nuevo presidente y nuevos asambleístas. Y si Daniel Noboa se decide por la consulta popular, en máximo dos o tres meses.
Los conflictos políticos, en un contexto de alta polarización, deben resolverse por medio de vías institucionales, señala la OEA.
Según otra arista del informe, los procesos electorales requieren del tiempo suficiente para organizarlos y con la debida separación entre ellos.
Las fuerzas políticas, sus líderes, deben priorizar la generación de acuerdos y consensos de largo plazo; y por eso la OEA llama a la “prudencia y responsabilidad” a la hora de llevar adelante consultas populares y llamados a juicios políticos.
El informe debe servir para desmenuzar los pro y contra de pasadas consultas y referendos, cuánto se consiguió o se perdió con los resultados. Igual, sopesar si fueron oportunos, usados con otros fines; o, si pese a las buenas intenciones, se diluyeron en la canibalesca lucha política.
Las conclusiones de la OEA deben constar en la agenda del presidente electo. Pocos lo dudan, pero en la Constitución, en otras Leyes y Códigos, como el Penal, el Laboral, hay aspectos de fondo, cuyas reformas son necesarias para afrontar y resolver los graves problemas nacionales, como el de la inseguridad y falta de trabajo.
