Los acuerdos para captar las dignidades de la Asamblea Nacional, igual las Comisiones Legislativas, deben ser cien por cien transparentes.
Eso lo exige el país, harto de corrupción, de pactos oscuros entre políticos de baja ralea, de condicionamientos para satisfacer intereses ajenos y protervos, o para reeditar el grotesco episodio orquestado para desestabilizar no solo al Gobierno sino la democracia, como el soportado en estos dos últimos años al no haber podido coronar la ambición de dirigir la Asamblea.
Los sectores políticos interesados en esa dirección son los mismos de aquel mismo periodo: socialcristianos y el correísmo.
En eso no hay de malo. Sí lo hay cuando, presuntamente, bajo la mesa se negocian acciones como lograr impunidad para los condenados por la Justicia por corruptos, trastocar procesos judiciales a fin de frenar otros casos en investigación o en pleno proceso, o “tumbar” a la fiscal general Diana Salazar.
En estos días el país, atónito escucha parte del trasfondo de un posible acuerdo subrepticio, en especial lo relacionado con la fiscal. Fue revelado sin ambages por un expresidente sentenciado.
Al mismo tiempo escucha el tibio desmentido del socialcristianismo, mientras el mandatario electo Daniel Noboa acaba de desmarcarse expresando su respaldo a la fiscal.
Todo esto llena de incertidumbre, peor cuando el Ecuador necesita gobernabilidad, de acuerdos legislativos y entre las demás funciones del Estado, pero para enfrentar sus problemas difíciles y urgentes, no para torpedear al próximo Gobierno, buscando su fracaso y atisbando las elecciones de 2025.
Ojalá a su retorno al Ecuador, Noboa ponga más luz sobre cómo actuará su bloque legislativo alrededor del referido pacto claroscuro; o buscará apoyo en otras fuerzas políticas, interesadas, como han dicho, en el país, únicamente en el país.
Los pactos opacos son dañinos, peor entre quienes se prestan para satisfacer egos y sed de venganza, en tanto la nación va a la deriva.
