Ecuador, dueño de abundantes recursos y potencial de desarrollo, se encuentra en un momento crucial para impulsar el crecimiento de sectores estratégicos como la minería. Un nuevo gobierno tiene el desafío de garantizar el fortalecimiento de las normas y leyes, para el progreso responsable y sostenible de esta actividad. El país tiene una capacidad extraordinaria en materia minera, lo que ya ha despertado el interés constante de posibles inversores. Lastimosamente, las condiciones actuales no le han permitido despuntar, dejando a la deriva la llegada de ingresos clave para el impulso a la economía, el fomento de empleo y el aporte a los sectores sociales.
En ese sentido, el Estado no sólo debe potenciar a la industria, sino también, trabajar en la normativa jurídica existente para fomentar la inversión extranjera directa, misma que en la actualidad ha sufrido una estrepitosa caída, llegando apenas a los USD 106,6 millones de dólares en 2023, un 87% menos a los USD 811,2 millones de 2022, según el Banco Central del Ecuador. La legislación que permita atraer esas inversiones debe ser clara, precisa y estable, resguardando la seguridad jurídica, lo cual permitirá guiar las operaciones empresariales y beneficiar a las comunidades circundantes que ya evidencian beneficios en varias provincias del país donde los proyectos han logrado operar.
El mundo necesita de minerales para su desarrollo, para la generación y transmisión de energía, movilización y transporte, información y comunicación, provisión de alimentos, atención a la salud y un sin número de otros servicios. Ecuador podría convertirse en una potencia si se garantizan condiciones oportunas; por ello, trabajar para entregar seguridad jurídica, junto con el fortalecimiento normativo, se erige como un pilar fundamental para lograrlo, y así, asegurar un crecimiento sostenible en estas áreas de la economía.
Eliminar la incertidumbre y fomentar la transparencia en los procesos regulatorios son medidas cruciales para establecer un entorno propicio que debe considerar el nuevo gobierno. Una visión renovada de la normativa evitará que a través de acciones, incluso jurisdiccionales, se ahuyente la inversión y el progreso.
En resumen, el país tiene la oportunidad de prosperar aprovechando sus recursos de manera responsable, con seguridad jurídica y trabajando por un futuro económico próspero y rentable. La tarea es clara; es hora de actuar con visión y determinación. (O)
