El papel de los militares está en el centro de la discusión en el país. Con la inseguridad acechando hay dos vías que conducen a un solo fin: las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas. Actualmente, según el Gobierno, se calcula que hay más de 49.000 militares activos de las tres ramas.
El primer camino de la reforma lo impulsa la Asamblea Nacional. El legislativo envió a la Corte Constitucional, el viernes, el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. El segundo inciso de dicho artículo establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Sin embargo, el pasado 21 de diciembre de 2023, el pleno de la Asamblea aprobó en segundo y definitivo debate la enmienda Constitucional que fue presentada por el expresidente Guillermo Lasso. El trámite está avanzado, en manos de la Corte y también enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se lleve a referéndum.
Curiosamente, por otra vía, el Ejecutivo también encamina un plan con el mismo fin. En cinco de las 11 preguntas presentadas para la consulta popular, impulsada por el presidente Daniel Noboa, se menciona a las Fuerzas Armadas.
Dos preguntas específicas señalan las funciones y atribuciones de los militares. Para el penalista Daniel Ventimilla, el pronunciamiento de la Corte Constitucional deberá dejar claro el rol de los militares. “Aunque parecería tener el mismo fin, las dos intenciones no son las mismas. Hay aspectos de fondo que merecen ser analizados. Por ejemplo, la preparación de los militares es distinta a la de los Policías. Es urgente que policías y militares trabajen articuladamente y no solo por los Decretos de Emergencia como en el anterior Gobierno”, precisa.
La consulta popular, promovida desde el Gobierno, topa a las Fuerzas Armadas en los siguientes aspectos: la intervención de uniformados en las denominadas ‘zonas calientes’, un patrullaje permanente en los alrededores de los centros carcelarios del país, el beneficio para militares de no ir a prisión preventiva y el uso de armas.
Oswaldo Jácome, abogado constitucionalista, es un crítico de la consulta popular. Dice que se está perdiendo tiempo y recursos en preguntar a los ecuatorianos cuando se puede manejar las reformas mediante Decretos y en coordinación con la Asamblea. “Mientras se da trámite y se gastarán más de 50 millones, llegaremos a mitad de año con el tema de la inseguridad desbordados y sin el control de algunas ciudades”, cuestiona.
Criterio contrario tiene Alberto Ramírez, penalista. En su opinión si es necesario el pronunciamiento de la Corte en algunas preguntas que pueden prestarse a interpretaciones en el nuevo rol que tendrán los militares. “Debe estar por escrito las atribuciones que tendrán para que no haya abusos”.
En un anexo del banco de preguntas desde el Gobierno se detalla, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) tendrá que definir las zonas en las que intervendrán las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Cosepe deberá delimitar las acciones para prevenir y erradicar las actividades ilícitas en filas militares y los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos.
Los textos de la enmienda, en análisis
En manos de la Corte Constitucional está la reforma a la enmienda que propone la Asamblea Nacional. Allí constan los textos propuestos para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas con el fin de reformar sus funciones.
En el documento se puede leer lo siguiente: “A fin de contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, la o el presidente de la República, previa solicitud del Comandante General de la Policía, convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado o al organismo que haga de sus veces, con la finalidad de realizar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario solicitado”.
En el mismo artículo se detalla: “La o el Presidente de la República, con base en el informe emitido, suscribirá, de forma inmediata, el decreto ejecutivo, disponiendo el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como, a los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación”.
