Gobernar a la luz de la realidad debe ser el timón perfecto para quien quiere dirigir un país a buen puerto, sorteando vientos cruzados y hasta intentos de revuelta de la tripulación.
El presidente Daniel Noboa, cuando candidato sabía cómo estaba el Ecuador en lo económico, en seguridad ciudadana, en lo social, laboral, ni se diga en lo político.
Esbozó varias soluciones para ganar la elección, pero la realidad le ha desbordado.
Empero, su decisión, aplaudida por la mayoría de ecuatorianos, de “declararle la guerra” a los grupos criminales, se topa con una imperiosa necesidad: la económica, sin la cual su plan antiterrorista no podrá sostenerse en el tiempo requerido para someterlos.
Cuando la discusión sobre la búsqueda de fuentes de ingresos se ha convertido en un “nido de grillos”, donde cada quien ensaya el suyo, no precisamente para solucionar, de una vez, un problema siempre pospuesto por manejos políticos de corto plazo, el presidente lanza la idea de posponer una moratoria de dos años para poner fin a la explotación petrolera en el Bloque 43 del ITT.
La prohibición de hacerlo radica en el pronunciamiento popular, y es de obligatorio cumplimiento. Es el corolario de una consulta gestada hacía más de una década, cuya convocatoria ha merecido sendas críticas, incluso desde el punto de vista legal, ni se diga económico.
Dejar el petróleo bajo tierra implica renunciar a ingresos por más de USD 1.200 millones anuales, más los costos para desmontar la infraestructura, estimados en USD 1.700 millones, mientras el Estado languidece de recursos para cumplir sus obligaciones.
A juicio de jurisconsultos, la moratoria sólo será factible volviendo a consultarle al pueblo.
Noboa, cuando candidato, minimizó el impacto económico del cierre del ITT; pero la realidad le pone en el filo de la cornisa, junto a otras propuestas para reflotar económicamente al Estado, a punto de entrar en quiebra y con una guerra encima.
