De sentido común, pero en especial de responsabilidad ciudadana es vivir honestamente, dar a cada quien lo suyo y no causar daño, principios que han sido enseñados desde la antigüedad y que requieren una constante reflexión que nos motive para la vida privada y en las relaciones sociales.
En estos días de crisis institucional con la escalada del delito y el creciente desajuste fiscal es indispensable reformar el sistema jurídico en función del interés Nacional.
En materia fiscal para la necesaria objetividad me remito a los conceptos emitidos por el ex ministro de finanzas Simón Cueva que en una entrevista señala que el déficit llegó a bajar a 1.900 millones USD en el 2022 pero subió en el 2023 a casi 6.000 mil millones USD con más la amortización de la deuda se llegaría a 8.000 mil millones USD, un hueco fiscal de magnitud.
¿Qué hacer? Es evidente la necesidad de reformar la normativa tributaria y sanear el presupuesto. En lo primero señala que el alza del IVA del 12 % al 15 % significa 1.300 millones de dólares anuales, lo que es insuficiente, por eso recomienda la focalización de los subsidios que representan 3.200 millones de dólares al año. Tales medidas liberan los recursos necesarios para pagar los sueldos y pensiones y desde luego el que no colapse la dolarización y el sistema como tal.
Esa es la realidad.
Tengamos presente que el IVA no afecta a los productos de la canasta básica, medicamentos, educación y transporte. Y la focalización, debe atender a los sectores realmente necesitados de los subsidios.
La Asamblea con el Ejecutivo deben encontrar la solución estructural porque la crisis afecta al sistema.
El país requiere sin dilaciones la visión solidaria de las relaciones comunitarias. Ya la Constitución de 1998 y la vigente determinan los deberes y responsabilidades ciudadanos con la prioridad del interés social para atender al bien común. (O)
