La Asamblea Nacional (AN) es el centro del debate político, producto de las variopintas posturas de partidos y movimientos con representación en esta función del Estado.
También es el epicentro de las negociaciones políticas entre las diversas bancadas y los legisladores autollamados independientes.
Hay un acuerdo entre el Gobierno, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC). Gracias a él, el presidente Daniel Noboa ha sacado adelante cuatro proyectos de ley en materia económica, y va por el quinto.
Claro, existen negociaciones y negociaciones. No siempre transparentes.
¿Cómo entender la destitución y censura forzada del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, cuando en la víspera de la sesión de la AN convocada para dilucidar el juicio político en su contra no hubo los votos suficientes para tal fin; ¿es más, el movimiento político del Gobierno se mostró contrario?
Funcionó la negociación. Seguramente a cambio de. Poniendo en contexto, la Judicatura es otro botín político al ser el ente administrador del sistema de Justicia. Organiza concursos para nombrar jueces, fiscales. Y por ese camino pedregoso y espinoso anda el país.
Es, en efecto, la entidad mediante la cual se puede meterle la mano a la Justicia. Y esto, el país lo sabe.
Finalmente Murillo, cuya cabeza era el trofeo buscado por los aliados del Gobierno, fue destituido con 102 votos, vitales en cualquier juicio político. Hasta se suspenden, como en este caso, sesiones con el fin de lograrlos. Están demás los argumentos del enjuiciado. Ni siquiera les importa.
Bajo esas u otras condiciones la censura es tácita. Pero haberla festejado con alborozo inusitado, sobre todo el correísmo, es sintomático, si bien no lograron reemplazar a Murillo con uno de sus alfiles, debido a la jugada del Gobierno para tranzar.
El destituido alertó. “La narcopolítica pretende infiltrarse en la Judicatura”. Y ya se acercan a la fiscal general, Diana Salazar.
