Las protestas continúan por la pretendida explotación minera en el proyecto Loma Larga, por ahora suspendido.
Un Estado dispuesto a obtener recursos a través de la explotación minera se enfrenta con la decisión popular de impedirla, por cuanto se afectarán las fuentes hídricas, fundamentales para la conservación del ecosistema.
Sobre aquel proyecto, una consulta popular efectuada en el cantón Girón en 2019, territorio donde se localiza, le dijo no a la explotación.
En 2021 se pronunció en otra consulta el cantón Cuenca: el 80% votó en contra de la explotación minera en todo su territorio.
Loma Larga está suspendido por resolución judicial mientras no se cumpla con todos los procesos normativos, como informes y la realización de una consulta previa, libre e informada; y también de carácter ambiental. Esto, pese al pronunciamiento popular.
En este punto radica parte del meollo del problema: para la empresa concesionaria debe ser consultada únicamente la población en cuyo territorio está el área a ser explotada. Los defensores del agua dicen lo contrario: debe pronunciarse todo el cantón Cuenca.
La elaboración de un informe sobre la sustentabilidad hídrica de Quimsacocha exigió, tiempo atrás, la Corte de Justicia del Azuay.
Empero, ahora el Ministerio del Ambiente pide a ETAPA EP delegar a técnicos para integrar un equipo encargado de tomar las muestras de calidad del agua e informar a la Corte sobre el Área de Recreación Quimsacocha y la Afección e Impacto del proyecto Loma Larga sobre las fuentes de agua.
No es igual dicen los defensores: no se compara un simple análisis de la calidad del agua con elaborar informes sobre la sustentabilidad hídrica, un concepto técnico mucho más amplio.
Al cierre de este editorial, se esperaba la respuesta del alcalde de Cuenca y de la gerencia de ETAPA sobre la pretensión del citado Ministerio; pero han sido advertidos: no deben aceptarla, pues sería desacatar la sentencia de la Corte.
