El pretendido y hasta obsesivo enjuiciamiento político de la fiscal general Diana Salazar, finalmente fue archivado en la Asamblea Nacional.
En el camino, el proceso estuvo plagado de turbiedades. Su común denominador fue “bajarse a la fiscal” como sea, patrocinado con encono por un sector partidista, políticamente golpeado por las investigaciones de tan alta autoridad. Muchas de ellas concluyeron con juicios penales y posteriores sentencias condenatorias por corrupción de sus altos representantes.
Lograr la impunidad para esos y otros corruptos, torpedear más investigaciones, fueron la “bandera de lucha” de tal sector.
Los grupos de delincuencia organizada, liderados por el narcotráfico internacional con franquicias en el Ecuador, también fueron investigados, procesados y condenados.
Si bien la lucha a este nivel dista mucho como para derrotarlos judicialmente, esos grupos, dado sus entronques con ciertos sectores políticos claramente identificados, también quieren la salida de Salazar.
Si hasta quisieron hacer comparecer a prófugos de la justicia ante la Comisión de Fiscalización para enfrentarla con la fiscal, incluso durante el juicio político si llegaba a darse.
Por eso mismo Diana Salazar lo calificó de “narcojuicio”, un término duro de digerir para sus enemigos en la Asamblea, y de preocupación para quienes osaban apoyarlos, so pena de también ser alcanzados por potenciales revelaciones.
Desde su origen, el pretendido juicio no tuvo apoyo directo de otros sectores políticos. Sabían, pues, del trabajo de la fiscal, un trabajo no medible con los tiempos políticos, ni fácil de ejecutarlo, mucho más si los casos indagados tienen raíces internacionales.
Además, ese trabajo es ampliamente valorado por gran parte de la ciudadanía.
Ahora queda la otra gran batalla: la designación de un nuevo fiscal, en cuyo proceso es necesario estar atentos para evitar las “metidas de mano”, a lo mejor por parte del mismo sector enemigo de Salazar.
