A ver. ¿Quién ha dicho que ganar las elecciones garantiza terminar un periodo como autoridad? Si no, acuérdese de Jorge Yunda, que fue barajado por la compra de insumos médicos en plena pandemia. Y no es el único. Ahí están casos como John Vinueza, alcalde de Riobamba, y hace pocas horas Franco Quezada, de Loja.
Ahora los gobernadores locales están bajo la lupa del escrutinio público. La gente vigila cada paso y con un empujón jurídico se presentan denuncias bien armaditas para pedir la remoción. El Código de la Democracia también da un espaldarazo para poner en apuros a los políticos. Si no, pregúntele al alcalde de Quito cómo lo tienen apercollado.
Y no tan lejos de estos temas están el alcalde de Cuenca y el prefecto del Azuay. Ambos ya fueron denunciados por el exconsejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, por hacer campaña. Zamora apoyó a Yaku Pérez y Lloret a Luisa González. Según la normativa, estas autoridades no deben decir ni pío en elecciones o pueden terminar con un proceso para mandarlos a la casa.
Vamos a ponerle más condimento. También hay que vigilar a esos alcaldes o prefectos que usan el presupuesto para farrearse en conciertos y festivales. ¿Quién les dijo que las entidades públicas son agencias de eventos? Lanzan contratos para las mejores tarimas y producciones de audio internacionales solo para vanagloriar su gestión. Para derretirse cuando el artista de turno les suelta un par de halagos. ¡Puro ego!
Y claro, cuando se les pregunta por estas denuncias se enojan. Responden con la vieja confiable: persecución política. O simplemente evaden la pregunta. Pero me dirán: ¿si son sujetos políticos, cómo apartarse de sus coidearios? No tengo la respuesta exacta, pero sugiero que en campaña no sean tan visibles. Vayan en sus carros, no en los institucionales. En esos días tómense vacaciones o súbanse a la tarifa fuera de horario laboral. ¿Usted qué dice? (O)
