Esta semana nos cayó como bomba la noticia de que el MATTE otorgo a la empresa minera DPM la explotación de Loma Larga, ubicado en la parroquia de Tarqui, pese a que en consulta popular el Azuay, y el cantón Cuenca en concreto, se declaran territorios libres de minería, y a nivel comunitario se exige soberanía y protección del territorio, como un espacio de recarga hídrica para el cantón.
Entonces ¿dónde quedan garantizados nuestros derechos como ciudadanos? Si el principal garante de estos rebasa la decisión popular y de la Corte de Justicia y otorga a una empresa extranjera más garantías que a sus propios habitantes. Bajo esta acción, que no sucede en varios cantones, qué y quién nos asegura principios vitales como una vida digna y un ambiente libre de contaminación.
Acciones que evidencian a un Gobierno que considera al pueblo de piedra, sin voz ni voto, capaz de aguantar y resistir cualquier imposición, un gobierno sordo a las decisiones populares y a los mecanismos de participación ciudadana que vende el territorio a empresas extranjeras, y vende nuestro futuro, nuestra seguridad ambiental y nuestros recursos naturales. Y prepárense, porque ahora mismo negocian la privatización de áreas protegidas en el país en la Asamblea, y con esto seguir negociando nuestro patrimonio ambiental. (O)
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