Por las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos tras allanamientos efectuados por Fiscalía y la Policía, las Agencias de Tránsito de algunos municipios han sido convertidas en antros de la corrupción.
Desde hacía varios lustros, producto de la descentralización y desconcentración de funciones, los diversos gobiernos trasladaron a los municipios las competencias en materia de tránsito.
Fue una decisión ampliamente bien vista. Los propósitos fueron de los mejores. El de Cuenca lideró la lucha por conseguir estas competencias.
Sin embargo, la corrupción ha metido sus garras, y en los últimos años los grupos de delincuencia organizada se han tomado por entero las Agencias de Tránsito. No de todas, vale precisar.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, las aludidas son 23, la mayoría en la región Costa.
Asombrarse es lo de menos al saber lo ocurrido en la Agencia del cantón Durán, donde una red criminal impuso su ley para realizar los ilícitos, comenzando por matricular vehículos robados y clonarlos.
Igual ocurría en la del cantón Manta. En ambos casos, de acuerdo al ministro, con el pleno conocimiento, de las administraciones municipales.
Estas dos Agencias fueron intervenidas hasta poner la casa en orden. Bien podría el Gobierno retirarles las competencias. Incluso, como se advirtió, pedir la intervención de la Contraloría para auditar otras en el resto de cantones del país.
La cruzada emprendida por el Ministerio del Interior le permitió allanar un domicilio en Guayaquil, donde se falsificaban matrículas y revisiones vehiculares de Quito y de otras 23 ciudades.
Muchos conductores, a cambio de dinero, reciben en sus casas sus licencias renovadas. Otros, van a las Agencias donde simulan rendir las diferentes pruebas para obtener este documento. ¿Cómo así?
Violencia criminal más la corrupción diseminada por todo el cuerpo maloliente de la República la ponen al filo del abismo.
