Los atentados criminales ocurridos en Colombia entre la tarde de este jueves y viernes reflejan el clímax de la violencia en un país azotado, desde hacía décadas, por bandas de narcotraficantes, de supuestos grupos guerrilleros cobijados bajo la bandera de una supuesta liberación, como de disidentes de otras organizaciones de igual calaña, firmantes incluso de un tratado de paz.
Semanas atrás, basado en una investigación periodística realizada por una prestigiosa revista colombiana, un portal digital de Ecuador la resumió y su conclusión es preocupante: el Gobierno del vecino país, prácticamente dejó desprotegida la frontera entre las dos naciones.
No hay control, y por no haberlo o es escaso y en la práctica da igual, el narcotráfico está a sus anchas, mucho más porque la mayor cantidad de cocaína, sembrada y procesada en Colombia, según las conclusiones de la Policía, ingresa al Ecuador, desde cuyos puertos y costas, en contubernio con bandas locales, la envían a Estados Unidos y a Europa.
Todos esos grupos, maridados entre sí, son capaces de todo y lo demuestran con acciones criminales.
El Gobierno ecuatoriano no debe desentenderse de lo sucedido en estos días en Colombia. Si la casa del vecino se incendia, la propia debe protegérsela tomando los recaudos necesarios hasta donde sea posible.
Ahora el crimen es transnacional. Y por eso mismo los diversos Estados adecuan las leyes, muchas de ellas benevolentes con el crimen, y la Constitución a esta realidad social. El trabajo de inteligencia es crucial, en especial para prevenir el cometimiento del delito; igual la organización de toda la sociedad, de los diversos niveles de gobierno.
Enfrentar a ese tipo de crimen no requiere de teorías, peor de engramados verbales ni de criticar por criticar el accionar de las fuerzas del orden, a lo mejor por querer asomar como oposición al Régimen.
Los Estados no deben dejarse someter por los grupos criminales.
