La Constitución de 2008 significó un giro profundo hacia un Estado constitucional de derechos, al incorporar mecanismos jurisdiccionales avanzados, haciendo los derechos -plenamente justiciables- y prohibiendo que la ausencia de norma impida la acción de tutela. Aunque, en la práctica estas garantías quedan atrapadas en formalismos, lentitud procesal y falta de especialización judicial.
En cuanto a las funciones del Estado, la Constitución introdujo cinco funciones: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral, y de transparencia y control social, ampliando el diseño institucional para reforzar la democracia participativa y el control social. Han sido permeables al clientelismo, y la potestad del Ejecutivo de disolver la Asamblea con el mecanismo de “muerte cruzada” concentra un poder excesivo sin suficientes contrapesos. La nueva Constitución debería modular ese poder con salvaguardas garantistas y reforzar límites institucionales claros.
Económicamente, el texto de 2008 promovió una intervención estatal robusta en sectores estratégicos, el -buen vivir- como eje de desarrollo y la democratización de factores productivos como contrapeso al modelo. El diseño ha generado rigideces, sobrecarga burocrática y desincentivos a la iniciativa privada. La nueva Constitución debe reequilibrar roles, estableciendo reglas claras, estabilidad normativa y un Estado subsidiario que actúe solo cuando el mercado no garantice derechos esenciales, además de mecanismos institucionales fuertes contra la captura política.
La Constitución de 2008 ofrece una visión ambiciosa de derechos y funciones estatales, pero ha chocado con las limitaciones institucionales de aplicación. Una reforma constitucional debe conservar lo mejor del enfoque garantista, pero reorganizar su estructura para que brinde seguridad jurídica en un Estado que intervenga únicamente cuando el mercado no asegure los derechos fundamentales, respaldada por instituciones resistentes que impidan la apropiación política. (O)
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