El miércoles de esta semana, un indígena de Imbabura dijo en Ibarra: “este es el primer aviso, si no ayudan compañeros, en la segunda vendremos a desbaratar”.
Influenciados por Iza y Vargas, los violentos han destrozado bienes públicos, cortaron la provisión de agua, han destruido vehículos públicos y privados, un PAI policial; y, capturado camionetas que transportan el gas.
Es parecido a lo ocurrido en el paro de 2022, pero focalizado en las provincias del norte, con manifestaciones aisladas en el resto de la sierra y oriente; salvo los lamentables sucesos ocurridos en El Tambo con la brutal agresión a la caravana del presidente Noboa.
Los pedidos de los indígenas, tales como la disminución de la desnutrición infantil, falta de empleo y eficiente salud pública son justos, pero tienen motivos estructurales, entre otros, la corrupción imperante. Este gobierno ha tomado decisiones frontales para eliminarlas, aunque tomarán su tiempo; pero, por casualidades “raras” de la vida, las protestas se activan solamente cuando se da la eliminación de los subsidios a los combustibles. La gran hipótesis va demostrándose: existen manipuladores externos muy afectados, quienes utilizan a dirigentes como Iza o Vargas, y estos a la vez, someten a los comuneros a ponerse al frente de la desestabilización, con amenazas como las multas, restricción del acceso al agua, o la suspensión del riego para sus parcelas. Una moderna forma de esclavitud.
En la costa, podrán estar en desacuerdo con las medidas económicas tomadas, pero su prioridad es trabajar; el paralizarse no alimenta recursos, ni existen dirigentes montuvios pudientes que financien paros; y, además, no conocen de las fuentes de aprovisionamiento de dinero de Ong’s, partidos políticos nacionales o extranjeros, o minería ilegal. Ellos están disfrutando en paz de este feriado.
La frase “en la segunda vendremos a desbaratar” mencionada al inicio de este artículo de opinión, demuestra que se ha degenerado de manera total elArt. 96 de la Constitución “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos”. Y se concatena con la inaplicabilidad real del Art. 98 “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. Jamás se menciona, actuar con violencia, vandalismo o terrorismo
A nombre de la soberanía popular y la autodeterminación, las fuerzas del orden son cuestionadas cuando actúan para impedir desmanes; y, como si se tratara de otro país, no pueden ingresar a las comunidades indígenas para ejercer el control y brindar seguridad. Por eso es bienvenida la propuesta de la Asamblea Constituyente para arreglar estas distorsiones, empezando por el Art 1 de la Constitución que aborda la “plurinacionalidad”. He dicho. (O)