En estos días abundan críticas y análisis a la decisión de revocar la licencia ambiental otorgada a la empresa Dundee Precious Metals (DPM) para la explotación de oro del proyecto Loma Larga.
Primero, porque la resolución del Ministerio de Energía y Ambiente permitiría que ante un potencial pedido de arbitraje internacional por parte de la empresa, los demandados sean el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay.
Cosa más absurda, fuera de toda lógica, si es que ese es, en el fondo, el encono del gobierno ante la multitudinaria oposición al proyecto demostrada por Cuenca y casi toda Azuay.
Segundo, por cuanto, de acuerdo al análisis realizado por varios profesionales del Derecho, el referido Ministerio no tiene competencia para revocar la licencia.
La tiene únicamente un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para cuyo efecto, la titular de Energía y Ambiente debió presentar la demanda.
Tiene, sí, atribución para anular la licencia; pero no procedió así, con lo cual la empresa bien podrá presentar la demanda internacional.
Al ser el otorgamiento de la licencia un acto administrativo que otorga derechos a DPM, debió un juez dilucidar sobre el asunto.
Lo correcto hubiera sido que los pasos que debía seguir el ministerio sean previamente advertidos por los entendidos en la materia, como para estar en alerta.
Dirán que los abogados de Energía y Ambiente sí lo sabían. Creeríamos que sí. Pero habrían actuado haciendo lo contrario, como para abrir la puerta para la demanda. No solo Cuenca, el país en general, merece una explicación, pues el Estado, a la larga será el perjudicado si se ordenan indemnizaciones.
En similar situación podría estar la decisión del alcalde Cristian Zamora, la de revertir el registro catastral del predio de la minera por considerar que hay inconsistencias técnicas y legales.
Es decir, debió acudir ante un juez para que determine si procede o no la reversión.
