La justicia militar de Colombia anunció este lunes 17 de noviembre de 2025 que abrió una investigación por presunto exceso de la fuerza en un bombardeo contra la guerrilla, ordenado por el presidente Gustavo Petro, en el que murieron siete menores reclutados forzosamente.
La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de defender los derechos humanos, denunció el sábado la muerte de niños en el ataque realizado en el amazónico departamento del Guaviare (sur) la semana pasada.
El operativo militar motivó fuertes críticas por parte de la oposición y el propio oficialismo contra Petro, que antes de ser presidente rechazaba la muerte de menores reclutados en bombardeos.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que abrió una investigación para «verificar» si el ataque, en el que murieron 19 guerrilleros, «se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado».
La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su «profunda preocupación» por la muerte de los siete menores e instó a las fuerzas colombianas a que «adopten todas las precauciones» para proteger a los niños víctimas del reclutamiento».
En un primer momento Petro se defendió al asegurar que ordenó el bombardeo para evitar que los rebeldes emboscaran a un grupo de soldados. El domingo lamentó en la red X la «dolorosa pérdida» de los menores.
«Llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón«, dijo el mandatario.
El bombardeo fue dirigido contra una facción de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Petro enfrenta fuertes críticas por parte de la derecha y su propio partido.
En 2019 el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero renunció a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.
Petro, que era senador de oposición al gobierno de derechista Iván Duque, calificó esos hechos como un «crimen de guerra». AFP
