El proceso de elección del nuevo rector o rectora de la Universidad de Cuenca quedó paralizado tras la acción de protección presentada por el candidato Juan Peña y sus dos aspirantes a vicerrectores. El proceso electoral, cuyas reglas fueron definidas en abril, establecía fechas y horarios para la recepción de candidaturas.

Sin embargo, en una “acción inesperada”, según explicó el abogado Juan David Vicuña, defensor de Peña, el Tribunal Electoral de la institución emitió una resolución la noche previa a la inscripción que modificó el orden de recepción de postulaciones, basándose en el ingreso de oficios enviados con anterioridad.

Según Vicuña, la urgencia por registrar primero una candidatura se debe a la normativa electoral interna, que otorga importancia al orden de inscripción. En caso de que dos listas compartan firmas de respaldo, el reglamento determina que solo se validarán las de la primera candidatura registrada. Días antes del inicio oficial de inscripciones, varias listas —incluida la de la actual administración— enviaron oficios al Tribunal solicitando ser atendidas a primera hora, una figura que no constaba en las reglas originales.

La resolución del Tribunal habría sido emitida a las 22:30 del día previo a las inscripciones. Esto, argumentó la defensa, generó una condición de desigualdad y otorgó ventaja al grupo que envió la solicitud, sin que esta fuera un requisito establecido.

Bajo ese contexto, Peña solicitó una acción de protección, la cual fue aceptada este 1 de diciembre. Con esta decisión, se deberá repetir el proceso de inscripción de candidaturas para las principales autoridades de la Universidad de Cuenca.

Medidas

Como medida de reparación, la jueza dispuso que el Tribunal Electoral retome el proceso de registro de candidaturas, deje sin efecto la resolución cuestionada y anule la recepción de postulaciones realizada bajo ese esquema. Además, en un plazo de cinco días, el Tribunal deberá fijar una nueva fecha y hora para la recepción de candidaturas.

El abogado de Peña señaló que las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato, aunque la jueza aún debe emitir por escrito la decisión.

Desde la defensa de la universidad se advirtió en la audiencia sobre la necesidad de reajustar el cronograma electoral, ya que la normativa no permite la prórroga de funciones de las autoridades actuales.

También se alertó sobre el riesgo de una posible intervención del Consejo de Educación Superior (CES) si el proceso se retrasa. Por ello, se espera que el Tribunal Electoral Universitario actúe con celeridad, incluso antes de que concluya el plazo de cinco días, para garantizar un proceso legítimo y transparente. (I)